La Justicia rionegrina avanza esta mañana en una de las causas institucionales más complejas del Alto Valle. En los tribunales de General Roca, el intendente de Allen, Marcelo Román, comparece ante una audiencia clave de formulación de cargos, sospechado de montar un esquema de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado. El expediente, que tramita bajo la conducción de las fiscales Graciela Echegaray y María Celeste Benatti, expone un entramado de supuesta delegación informal del poder político y desvío de recursos que sacude la escena política provincial, dado que Román es el único jefe comunal alineado con el partido de gobierno nacional, La Libertad Avanza, fuerza a la que se integró tras haber accedido al cargo mediante el denominado «gran acuerdo rionegrino» motorizado por Juntos Somos Río Negro.
El foco de la imputación excede las habituales anomalías contables para adentrarse en el ejercicio ilegítimo de la función pública. Según la denuncia originaria, presentada el 26 de junio de 2025 por el Tribunal de Cuentas de Allen, el empresario de medios local Sebastián Ocampo —dueño de una emisora radial y un sitio web— habría operado de forma fáctica como un intendente paralelo. Los elementos recolectados por los órganos de control municipal indican que Ocampo, sin poseer designación legal ni cargo formal, ejercía una participación activa en las reuniones de gabinete, incidía de manera directa en las decisiones de compras y contrataciones, y definía asignaciones presupuestarias, un comportamiento que la fiscalía encuadra provisoriamente bajo la figura de partícipe necesario del fraude.
Los presuntos delitos habrían comenzado a ejecutarse de manera continuada desde fines de 2023, coincidiendo con el inicio de la gestión del jefe comunal, y se habrían extendido hasta mediados de 2025. El expediente penal sumó masa crítica tras una serie de allanamientos ordenados por la Justicia en julio del año pasado, cuando se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación sensible tanto en las oficinas del municipio de Allen como en inmuebles particulares vinculados al empresario de medios. Entre las pruebas que sustentan la acusación formal figuran testimonios de empleados públicos, la constatación de líneas telefónicas oficiales costeadas por el municipio pero utilizadas por Ocampo, y el pago de supuestos honorarios encubiertos mediante pautas publicitarias directas e incluso triangulaciones de facturas a través de un empleado de la firma de medios.
La audiencia de este lunes representa el inicio formal del proceso penal, donde la jueza de Garantías Natalia González deberá resolver los términos de la imputación y los plazos de la investigación. Mientras la defensa del intendente Román queda en manos de los abogados Matías Rubio y Fernando Ramoa, la representación legal de Ocampo es ejercida por el letrado Federico Diorio. El caso genera una fuerte expectativa institucional en Río Negro, no solo por la gravedad de las figuras penales en juego, sino por el impacto político de una causa que pone bajo la lupa los difusos límites entre el financiamiento de los medios locales y el ejercicio directo del poder comunal.
