La tensión entre el Gobierno de Río Negro y el gremio docente UnTER llegó a su punto máximo este jueves tras el fracaso de una nueva reunión paritaria. Sin propuestas de aumento salarial que conformen al sector, la secretaria general del sindicato, Laura Ortiz, confirmó que no habrá marcha atrás con el paro de 48 horas previsto para el próximo miércoles 16 y jueves 17 de abril.
El encuentro estuvo marcado por los reproches cruzados. Desde la cartera educativa acusaron al gremio de actuar de forma «extorsiva» por llevar una medida de fuerza ya definida a la mesa de negociación. Por su parte, Ortiz fue contundente al salir de la reunión: «La verdadera extorsión es otra: salarios de pobreza y escuelas abandonadas».
¿Qué ofreció el Gobierno?
Durante la reunión, los funcionarios provinciales no presentaron una nueva oferta, sino que ratificaron el cronograma de pagos ya anunciado:
- 20 de abril: Pago de la segunda cuota de la suma fija (no remunerativa) de $125.000 por agente.
- Mes de mayo: Se liquidará un incremento basado en el IPC promedio de febrero y marzo de 2026, una vez que se publiquen las grillas correspondientes.
Para el gremio, estos números son insuficientes. UnTER reclama un salario testigo de $1.400.000 como piso inicial, con el objetivo de escalar hacia los 2 millones de pesos para recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación.
Reclamos sin respuesta
Más allá de lo salarial, el sindicato denunció que el Gobierno «sigue con la tesitura de ajustar» y enumeró una lista de demandas que quedaron en el tintero:
- Blanqueo salarial: Eliminación de las sumas «en negro».
- Combustible: Actualización del valor de la nafta sin topes para los docentes que se trasladan.
- Días de paro: Devolución de los descuentos realizados por medidas de fuerza anteriores.
- Infraestructura: Apertura de mesas técnicas para discutir el estado de los edificios escolares.
Con este panorama, la próxima semana será corta para las escuelas de General Roca y la región, a la espera de que el Ministerio de Trabajo convoque a una nueva instancia o dicte la conciliación obligatoria para frenar el impacto en las aulas.
