La crisis que atraviesa Álcalis de la Patagonia (ALPAT) ha escalado al plano legislativo en las últimas horas, luego de que el legislador Fernando Frugoni (CC ARI-Cambiemos) presentara una serie de proyectos para intentar frenar el posible colapso de la única productora de carbonato de sodio de Sudamérica. El eje del reclamo apunta directamente al Ministerio de Economía de la Nación y a la Secretaría de Comercio, a quienes se les solicita una intervención urgente para regular el ingreso de insumos desde el exterior que, según advirtieron, están asfixiando a la industria local bajo condiciones de competencia desleal.
La planta de San Antonio Oeste no es solo un activo industrial; es el motor económico de la región. Con 440 empleos directos y más de 700 puestos indirectos vinculados a la logística y los servicios, la amenaza de un cierre definitivo proyecta una sombra crítica sobre la estabilidad social de la zona. En este sentido, Frugoni remarcó que la reapertura de las importaciones, especialmente las provenientes de China con precios sensiblemente más bajos y estándares de calidad inferiores, obliga a investigar si se está frente a un caso de dumping. «Es necesario establecer aranceles en defensa de la industria nacional», subrayó el legislador al fundamentar su pedido de comunicación hacia el Ejecutivo provincial.
El escenario para la compañía se ha vuelto complejo por una combinación de factores macroeconómicos que van más allá de la competencia externa. A los constantes aumentos en el precio del gas —insumo vital para el proceso Solvay que utiliza la planta— se suman reiterados atrasos en el pago de salarios que ya han derivado en despidos y un clima de inestabilidad permanente. Si bien los accionistas mantuvieron reuniones con el sindicato de químicos prometiendo inversiones futuras, la realidad operativa marca otra agenda. Cabe recordar que el Gobierno de Río Negro ya debió intervenir recientemente mediante el programa de Sostenibilidad y Fomento del Empleo Rionegrino, desembolsando 617.000 dólares para sostener las fuentes de trabajo en un momento de parálisis.
Para los trabajadores de la región, la situación es de una «incertidumbre total». La falta de mantenimiento básico en las instalaciones y las dudas sobre la continuidad de la producción ponen en jaque un pilar que trasciende los límites de la provincia. Ante este panorama, la declaración de solidaridad del bloque opositor busca no solo visibilizar el conflicto, sino forzar una gestión política de alto nivel que logre blindar a la empresa frente a un mercado internacional que hoy la deja fuera de juego.
