La diputada nacional Lorena Villaverde enfrenta una grave acusación judicial y política que sacude el escenario provincial este 4 de abril de 2026. La denuncia, impulsada por la legisladora Mónica Frade de la Coalición Cívica, busca investigar las condiciones en las que Villaverde obtuvo un crédito hipotecario del Banco Nación por un monto cercano a los 260 millones de pesos, equivalentes a unos 218.000 dólares. El eje del conflicto no se centra únicamente en la cifra, sino en lo que la oposición califica como una «celeridad excepcional» en la gestión del beneficio, sugiriendo una posible intervención de las máximas autoridades del banco.
La presentación judicial apunta a presuntos delitos de conflicto de intereses y tráfico de influencias. Según el texto de la denuncia, existen sospechas de que el otorgamiento del préstamo pudo haber contado con el aval directo de la cúpula del Banco Nación, mencionando incluso al ex presidente de la entidad, Daniel Tillard. Para los denunciantes, resulta llamativo que una funcionaria del oficialismo logre concretar un trámite de esta magnitud en tiempos récord, mientras miles de ciudadanos enfrentan burocracias prolongadas para acceder a soluciones habitacionales similares.
Desde el entorno de Villaverde y el propio Banco Nación rechazaron de plano las acusaciones y defendieron la legitimidad de la operación. La directora de la entidad, Carolina Píparo, aseguró que los nuevos créditos son totalmente digitales y trazables, descartando cualquier tipo de favoritismo manual. Según fuentes oficiales del banco, la diputada calificó para el préstamo basándose exclusivamente en sus haberes como legisladora nacional, los cuales le otorgan la solvencia necesaria para cumplir con los parámetros de relación cuota-ingreso que se le exigen a cualquier solicitante.
El caso generó un fuerte impacto en la Legislatura de Río Negro, donde diversos bloques opositores manifestaron su repudio y exigieron que la diputada brinde explicaciones públicas. Los cuestionamientos se enfocan en la contradicción ética de que una representante del pueblo acceda a beneficios millonarios en un contexto de crisis habitacional para la mayoría de los rionegrinos. Ahora, la Justicia deberá determinar si el proceso cumplió con todas las normativas administrativas o si existió una maniobra política para favorecer a la referente de La Libertad Avanza en la provincia.
