La investigación por el crimen de Julián Dobra de la Canal ha logrado dar un salto cualitativo gracias al trabajo de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones. Según fuentes judiciales, el análisis del teléfono de la víctima reveló un diálogo escalofriante ocurrido a mediados de abril del año pasado. Julián, sintiéndose amenazado por un conflicto en la ciudad de Allen, le pidió un arma a un adolescente de su confianza: «Necesito un arma», escribió. El joven le respondió que podía conseguirla y lo citó en el barrio Quinta 25 para «probarla». Fue la última vez que se supo de él con vida.
Aquel 17 de abril, Julián pasó a buscar al menor y a otros jóvenes en su Suzuki Fun. Lo que él creía que era un encuentro entre conocidos para probar un revólver calibre 22, terminó en una zona descampada al norte de la ciudad. Allí, el grupo le propinó una golpiza feroz y le efectuó un disparo en la cabeza. Según la autopsia, el tiro no fue letal de forma inmediata, sino que le provocó una fractura craneal que lo dejó inconsciente. Julián agonizó durante horas antes de morir, solo y abandonado en las bardas, donde su cuerpo recién fue hallado el 30 de abril.
El estado de la causa: 8 imputados y un juicio por jurados en el horizonte
La complejidad del caso ha llevado a los fiscales Marcelo Ramos y Belén Calarco a procesar a ocho personas, entre mayores y menores de edad. La evidencia es voluminosa: cientos de páginas de chats, cruce de datos de antenas y peritajes sobre el vehículo de la víctima, que fue hallado incendiado el 3 de mayo en las afueras de la ciudad en un intento por borrar huellas.
Situación procesal de los principales acusados:
Homicidio triplemente agravado: Dos mayores de edad enfrentan los cargos más graves (premeditación, participación de menores y uso de arma).
Menores implicados: Tres adolescentes están imputados por homicidio y hurto (se llevaron el auto tras el ataque). Cumplen preventiva domiciliaria.
Encubrimiento: Dos personas están acusadas por esconder el vehículo y brindar información falsa durante la búsqueda.
Beneficios: Actualmente, uno de los imputados (Méndez) goza de salidas laborales a Cipolletti y otro (Salgado) permanece con tobillera electrónica.
Con el fin de la feria judicial de enero, la fiscalía se prepara para realizar las últimas peritajes telefónicas y ampliar testimonios. Salvo que medie un acuerdo entre las partes, el caso se encamina inevitablemente a un juicio por jurados, donde doce ciudadanos roquenses deberán decidir la culpabilidad de este grupo de jóvenes que, bajo la excusa de una «prueba de armas», terminaron con la vida de un hombre al que frecuentaban y conocían.
