En el marco de un acto institucional en Dina Huapi, el gobernador Alberto Weretilneck anunció que el próximo mes de febrero será clave para las finanzas de los municipios rionegrinos. El mandatario confirmó que convocará a todos los jefes comunales para analizar la actualización de los índices de coparticipación provincial, una discusión postergada que ahora se vuelve urgente tras la aplicación de los datos del último censo poblacional. Según explicó Weretilneck, la intención es elevar posteriormente un proyecto de ley a la Legislatura que refleje la realidad demográfica actual, ya que el crecimiento dispar de las localidades ha dejado el esquema vigente totalmente desactualizado.
La actualización de estos índices genera una fuerte expectativa y, a la vez, preocupación en los despachos municipales. Al basarse en criterios como población, recaudación y montos fijos, el nuevo mapa demográfico arroja ganadores y perdedores: hay municipios que, por su explosión poblacional, percibirán más dinero, mientras que otros verán reducidos sus ingresos proporcionales. «El punto es cómo atenuamos el impacto sobre los que percibirán menos, y en eso estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda», reconoció el gobernador, quien además tildó de «injusta» la situación actual de localidades como Fernández Oro, El Bolsón y Dina Huapi, que hoy reciben menos fondos de los que les corresponderían por su cantidad de habitantes.
Para dimensionar la magnitud de la discusión, las cifras de 2025 muestran que Río Negro distribuyó un total de 250,5 mil millones de pesos en concepto de coparticipación bruta. Un dato llamativo del último ejercicio es que, si bien Bariloche se mantiene como la ciudad con la mayor asignación inicial por su peso económico y poblacional, al analizar las transferencias netas efectivas (una vez aplicadas las retenciones y fondos específicos), fue la ciudad de Cipolletti la que terminó encabezando el ranking de recursos recibidos. Esta masa de fondos representa aproximadamente el 35,4% de todo lo recaudado por impuestos provinciales, lo que convierte a esta discusión en el eje central de la autonomía financiera de cada intendencia.
El complejo sistema rionegrino también será puesto bajo la lupa por las retenciones que se realizan en origen. Actualmente, el 6% de los fondos se retiene para financiar a los municipios que adhirieron al acuerdo fiscal de 1999, mientras que otro 2% se destina al Fondo de Asistencia Territorial, orientado principalmente a las Comisiones de Fomento y a las localidades de menor escala. El desafío del Gobierno Provincial será lograr un consenso político que permita modernizar la distribución sin desfinanciar a los municipios más pequeños, garantizando que el crecimiento de ciudades como las del Alto Valle se vea acompañado por los recursos necesarios para sostener sus servicios e infraestructura.
