El gobernador Alberto Weretilneck recurrió a sus redes sociales para comunicar una decisión de fuerte peso político e institucional: el ingreso a la Legislatura de un proyecto de ley que blindará unos $7.000 millones provenientes del sector hidrocarburífero con destino exclusivo a los trabajos de reparación y mantenimiento en las rutas nacionales 22 y 151.
El planteo oficial busca dar respuesta a un reclamo histórico de los municipios del Alto Valle y exhibe el modelo con el que el Ejecutivo pretende administrar los recursos extraordinarios del desarrollo energético. Los fondos corresponden al Aporte al Desarrollo Territorial negociado con la empresa Oldelval a raíz del Proyecto Duplicar Norte —cuya traza sumará 146 kilómetros de oleoducto en suelo provincial—, y la norma presentada con Acuerdo General de Ministros prohíbe de manera explícita que la partida sea desviada hacia el financiamiento de gastos corrientes.
Con la Provincia asumiendo la gestión directa de los corredores nacionales ante la parálisis de la obra pública federal, la hoja de ruta fijada por el Ejecutivo prevé que las primeras máquinas comiencen a operar sobre la traza en noviembre. La iniciativa persigue un doble objetivo: atender el deterioro crítico de la infraestructura vial y consolidar un criterio político donde cada proyecto industrial de envergadura deba dejar una contraprestación directa en infraestructura para la región.
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