San Carlos de Bariloche. El ambicioso plan de desarrollo para el Cerro Catedral volvió a chocar contra una pared de tensión social. Este lunes, lo que debía ser una instancia técnica de análisis en el Consejo de Planeamiento Municipal (CPM) terminó con efectivos policiales dentro de la sala y una «rebelión» de los consejeros contra la intención del Ejecutivo municipal de dar por cerrado el debate.
La Secretaria de Planeamiento, Sofía Maggi, coordinó un encuentro que buscaba reactivar el proyecto presentado por la concesionaria CAPSA. Sin embargo, la dinámica se rompió ante la ausencia de actores críticos: ni la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), ni Camuzzi, ni Aguas Rionegrinas asistieron para garantizar la factibilidad de los servicios básicos para la futura urbanización.
Las exposiciones más duras provinieron de los colegios profesionales. El Consejo de Ingenieros denunció que la titularidad de las tierras del cerro aún no está inscripta a nombre del municipio en el Registro de la Propiedad, a pesar del traspaso provincial hace años.
Por su parte, el Colegio de Arquitectos calificó de «impedimento legal» cualquier intento de transferir tierras de dominio público —que son inalienables— a manos privadas. Además, cuestionaron la retribución económica para la ciudad, estimada en 10 dólares por metro cuadrado o el 8% del valor total, calificando el proyecto como una «ciudad satélite» que debe ser descartada por su impacto ambiental y social.
Cerca de las 13:30, el clima se volvió insostenible. Ante el intento del moderador municipal de finalizar la sesión de forma repentina, la concejal Julieta Wallace encabezó la firma de un acta manuscrita —respaldada por la mayoría de los integrantes del Consejo— para declarar un cuarto intermedio obligatorio.
Mientras el municipio insiste en que esta es una instancia técnica previa a la Audiencia Pública, la oposición y los vecinos de Villa Catedral alertan sobre la falta de estudios de impacto ambiental integrales y la carencia de un mapeo de bosques actualizado. El Ejecutivo otorgó ahora un plazo de diez días para recibir aportes, pero el futuro del desarrollo inmobiliario en el Catedral quedó sumergido en una profunda incertidumbre judicial y política.
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