Roca endurece los controles viales y fija las multas por alcoholemia más altas de la región

La promulgación del nuevo Código de Tránsito en General Roca instaló un escenario de severidad inédito para la región en materia de seguridad vial. A partir de la aplicación de la normativa, la ciudad pasó a registrar los valores más altos de la zona para las infracciones por alcoholemia positiva, estableciendo una brecha considerable con localidades vecinas como Cipolletti, donde las sanciones equivalentes resultan casi ocho veces más bajas. La administración municipal fundamenta este esquema en la necesidad de generar un efecto fuertemente disuasivo ante conductas de riesgo al volante.

El nuevo esquema punitivo se caracteriza por una tolerancia cero que penaliza cualquier registro positivo, comenzando desde un mínimo de 0,01 gramos de alcohol por litro de sangre. Para este escalón inicial, la sanción económica se fijó en 1.200.000 pesos, acompañada por la retención inmediata de la licencia de conducir. A medida que el test arroja un mayor dosaje, el valor de las multas se eleva de forma progresiva a través de una escala técnica, alcanzando un tope de 6.000.000 de pesos para aquellos conductores que superen los 3,00 g/L.

El marco normativo introduce además consecuencias administrativas y patrimoniales severas una vez traspasado el límite de los 2,01 g/L. En esos niveles de intoxicación, la retención del registro deja de ser una medida temporal y se dictamina la caducidad total del documento habilitante, lo que obliga al infractor a realizar todo el proceso de tramitación desde cero en el futuro. En paralelo, el vehículo queda retenido a disposición del municipio, bajo una reglamentación que faculta a las autoridades a proceder con su decomiso y posterior destrucción en casos graves.

Esta facultad de decomiso y compactación vehicular no se limita exclusivamente a los casos de alcoholemia positiva extrema. La reforma del código extendió la aplicación directa de esta penalidad a los conductores que sean interceptados en la vía pública circulando con la licencia de conducir vencida, independientemente de si se encuentran en estado de sobriedad o no. Con esta medida, el municipio endurece los requisitos de circulación y eleva al máximo el costo de las infracciones recurrentes en la vía pública.