Río Negro solicitó autorización a la Nación para emitir Letras por 60.000 millones de pesos

El gobierno de la provincia de Río Negro ha iniciado el procedimiento para la emisión de Letras del Tesoro, solicitando autorización a la Nación para colocar hasta 60.000 millones de pesos. Este pedido se enmarca en un plan de financiamiento creado mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, con el objetivo de cubrir las deficiencias estacionales de caja que enfrenta la provincia.

El ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, fue el encargado de formalizar esta solicitud, que se basa en una ley sancionada en octubre pasado, la cual autorizaba la emisión de estos instrumentos financieros para el año 2025. La colocación de las Letras dependerá de los plazos establecidos a nivel nacional y de los permisos que deben ser otorgados por las autoridades competentes.

El expediente fue enviado al Ministerio del Interior y, una vez que obtenga el aval, será derivado a la cartera de Economía para continuar con el proceso. Los funcionarios provinciales han anticipado que las negociaciones para la colocación de las Letras se estiman para julio o agosto, aunque aún no hay certeza sobre el monto definitivo a emitir.

Este mecanismo de financiamiento de corto plazo se utiliza para manejar de forma efectiva el flujo de caja en la administración pública. La provincia busca utilizar estos recursos para afrontar pagos salariales, incluyendo el medio aguinaldo, que requerirán depósitos significativos en cuentas salariales.

Además, se espera que la utilización de estas Letras contribuya a cubrir el vencimiento de una nueva cuota del bono Castello, programada para septiembre, que ascenderá a aproximadamente 55.000 millones de pesos. La emisión de Letras del Tesoro, que permite condiciones y plazos variados, se ha habilitado desde el 1° de enero y representa un paso crucial en la gestión financiera de la provincia.

La administración rionegrina, a través de este plan, busca garantizar la continuidad de los pagos y la estabilidad económica en un contexto de desafíos fiscales, reafirmando su compromiso de mantener un manejo responsable de las finanzas públicas.