La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta —con 33 votos a favor y 9 en contra— el proyecto de ley que establece el cobro de aranceles a extranjeros por la atención en hospitales y el acceso a la educación superior en la provincia. La iniciativa, impulsada por los legisladores Lucas Pica (JSRN) y Javier Acevedo (CC-ARI), generó una fuerte polémica dentro y fuera del recinto.
Lo llamativo es que, cuando el tema fue planteado públicamente en diciembre de 2024, el gobernador Alberto Weretilneck había considerado la idea como meramente “publicitaria” y sin impacto real: “No me preocupa si un extranjero paga o no paga, porque son muy pocos los que atendemos en los hospitales”, afirmó entonces. En la misma línea, el ministro de Salud Demetrio Thalasselis señaló que los pacientes extranjeros representaban apenas el 0,1% en centros de frontera como Bariloche.
Pese a esa visión inicial, el proyecto tomó impulso en un contexto de caída de ingresos provinciales y aumento en la demanda de servicios públicos. Desde el oficialismo, el presidente del bloque Facundo López defendió la medida al asegurar que “no se discrimina” y que la intención es que los extranjeros transitorios o en situación irregular “contribuyan a solventar las erogaciones”.
En contraposición, la oposición fue dura. La legisladora Ayelén Spósito (Vamos con Todos) advirtió que “el proyecto prácticamente no tuvo debate en comisión” y que no hay evidencia que justifique su aplicación: “No vi en ningún lado que un rionegrino se haya quedado sin atención médica o sin un lugar en la universidad por un extranjero”.
Magdalena Odarda fue más allá y calificó la iniciativa como “retrógrada” y “estigmatizante”: “Es un acto de racismo y un ataque a los trabajadores hospitalarios, que serán los que tengan que aplicarlo”. En tanto, José Luis Berros acusó al oficialismo de usar el tema como “cortina de humo” para tapar la crisis sanitaria y educativa: “Hoy la culpa la tiene el extranjero. Gastaron más en transmitir la sesión que lo que van a recaudar”, ironizó.
El proyecto ahora deberá pasar por segunda vuelta para convertirse en ley. Si se aprueba nuevamente, el Ejecutivo quedará a cargo de su reglamentación. Mientras tanto, la iniciativa ya instaló un debate sensible: ¿se trata de una medida de orden y justicia fiscal o de un gesto simbólico con fuerte carga ideológica?
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