Río Negro conformó un esquema de $39.000 millones para extender el uso de mallas antigranizo

Frente al impacto de las recurrentes tormentas que afectan la producción valletana, el Ejecutivo rionegrino estructuró un paquete de financiamiento por $39.000 millones para fomentar la instalación de tecnología de protección agrícola. El volumen de crédito disponible se conforma mediante la suma de $14.000 millones del Consejo Federal de Inversiones (CFI), $15.000 millones a través del Banco Patagonia y una gestión en curso por $10.000 millones ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estos últimos orientados exclusivamente a la malla protectora y canalizados por Río Negro Fiduciaria.

La urgencia del desembolso responde a los duros balances dejados por la temporada 2025-2026, donde cuatro tormentas severas registradas entre noviembre y marzo dañaron más de 7.100 hectáreas en 640 establecimientos. Esta afectación, que alcanzó al 25% de la superficie cultivada en la provincia, repercutió fuertemente en el perfil comercializador de la región, al provocar que un 20% de la fruta cosechada perdiera sus estándares de calidad para ser destinada a los mercados de exportación.

Al respecto, las autoridades provinciales destacaron que la colocación de malla antigranizo no solo minimiza el riesgo de destrucción física de los frutos, sino que preserva la calidad comercial frente al sol o el viento y brinda previsibilidad económica al productor para planificar su cosecha. De forma paralela al crédito para infraestructura, el Gobierno comenzó la liquidación de la primera cuota de $2.947 millones correspondiente al Fondo Compensador de Daños por Granizo, un resarcimiento tripartito orientado a sostener el capital de trabajo de los establecimientos damnificados.

El plan integral de asistencia a la cadena productiva se complementa con refinanciamientos y líneas operativas para tareas culturales y de sanidad dirigidas a quienes integran las zonas declaradas en emergencia agropecuaria. Con este abanico de medidas financieras, la gestión provincial busca consolidar una estrategia integral que vaya desde la prevención estructural hasta el auxilio directo tras los desastres climáticos, protegiendo la competitividad y la continuidad del sector frutícola.