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Río Negro comenzará a debatir la implementación de su propio Código Procesal Penal Juvenil

Tras la sanción de la ley nacional que redujo la edad de imputabilidad a los 14 años, la Legislatura rionegrina busca definir un marco regulatorio propio. La iniciativa fue presentada por la parlamentaria Yolanda Mansilla para establecer el procedimiento específico en causas que involucren a menores.

El parlamento de Río Negro iniciará las discusiones normativas para sancionar un Código Procesal Penal Juvenil adaptado al nuevo escenario judicial. La propuesta, impulsada por la legisladora Yolanda Mansilla del bloque Primero Río Negro, solicita convocar a una comisión interpoderes —con participación del Ejecutivo, Judicial, Colegio de Abogados y el Ministerio Público Fiscal— o abordar el expediente en la Comisión de Asuntos Constitucionales para definir la tramitación de las causas contra adolescentes.

La urgencia del debate surge tras la aprobación de la Ley Nacional 27.801, ordenamiento de fondo que fijó en 14 años el piso de punibilidad penal y determinó que las personas menores de esa edad no pueden ser sometidas a proceso. Al tratarse de una norma sustantiva federal, la provincia requiere dictar su propia legislación adjetiva para reglamentar la totalidad del procedimiento judicial en el fuero local.

Actualmente, el fuero penal juvenil rionegrino opera mediante un mecanismo provisorio dictado por el Superior Tribunal de Justicia a través de la Acordada 26/2026. Esta disposición judicial fijó principios generales transitorios para evitar un vacío legal en las detenciones, a la espera de que la Legislatura promulgue el código definitivo. En paralelo, trascendió que el propio máximo tribunal trabaja en una propuesta técnica que ingresará formalmente al recinto en el corto plazo.

El proyecto en discusión promueve la especialización de fiscales y defensores bajo un enfoque orientado a la resocialización, la educación y la enseñanza de oficios, rehusando un esquema exclusivamente punitivo. Asimismo, la propuesta contempla la implementación de campañas preventivas e informativas en el ámbito escolar para concientizar a los estudiantes sobre los alcances y las responsabilidades legales que contempla el Código Penal.

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