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Río Negro aprobó una ley que obliga a los conductores alcoholizados a pagar los gastos médicos que generen

La norma, impulsada por el legislador Fernando Frugoni y aprobada por mayoría en la Legislatura provincial, fue publicada en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo tiene 60 días para reglamentarla.

La Legislatura de Río Negro sancionó una ley que establece que los conductores que provoquen accidentes de tránsito bajo los efectos del alcohol o estupefacientes deberán reintegrar al Estado los costos de la atención médica generada en hospitales públicos, tanto la propia como la de las víctimas. La norma, que ya tiene estado oficial tras su publicación en el Boletín Oficial, alcanza también a otras infracciones consideradas graves: circular sin licencia habilitante o con el carnet vencido, cruzar semáforos en rojo, conducir a velocidades superiores a las permitidas o manejar de forma temeraria.

El recupero económico se activará únicamente cuando las obras sociales o compañías aseguradoras no cubran los gastos. Será el Ministerio de Salud provincial la autoridad de aplicación, y tendrá a su cargo la determinación de los montos según el nomenclador oficial o las facturaciones emitidas por terceros prestadores. Si el responsable no paga en el plazo que establezca la reglamentación, el Ministerio podrá emitir un certificado de deuda con carácter de título ejecutivo, lo que habilita el inicio de una ejecución fiscal a través de la Fiscalía de Estado, apoyada en el Código Procesal Administrativo y el Código Fiscal vigente.

La ley incorpora además dos obligaciones adicionales para quienes hayan sido atendidos en el sistema público tras provocar un siniestro: una capacitación obligatoria en seguridad vial y el aporte indirecto a políticas de prevención, ya que el 20% de los fondos recuperados se destinará a esa área: un 10% a programas oficiales y el restante 10% a organizaciones civiles vinculadas a la temática. El Poder Ejecutivo tiene un plazo de 60 días desde la publicación en el Boletín Oficial para reglamentar la aplicación de la norma.

La nueva ley llega en un contexto en el que la provincia registra una reducción sostenida de los siniestros viales fatales. Según datos del Observatorio de Seguridad Vial, en 2023 se contabilizaron 68 hechos con 84 víctimas fatales; en 2024 esa cifra bajó a 54 siniestros y 70 muertos, y en 2025 se reportaron 45 hechos y 62 víctimas. Durante el primer trimestre de 2026 se registraron 14 siniestros fatales y 18 víctimas en toda la provincia. Desde el área de Seguridad Vial atribuyen esa tendencia a los operativos de alcoholemia, los controles preventivos y una mayor presencia policial en corredores turísticos y rutas de alto tránsito.

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