El gobierno de Río Negro implementó un control más estricto sobre las licencias médicas de empleados estatales, resultando en un ahorro de $9.825 millones en ocho meses.
Entre septiembre de 2024 y abril de 2025, se rechazaron 141.075 días de licencia, lo que representa el 48,4% de los 291.042 días solicitados. El mayor impacto económico se registró en octubre de 2024, con 30.720 días denegados, generando un ahorro de $2.078 millones.Los docentes fueron los más afectados, con un 60,65% de sus solicitudes rechazadas, equivalente a $3.781 millones en ahorro.
La empresa Dienst Consulting S.A. fue contratada por $3.504 millones anuales para gestionar y auditar las licencias médicas. Esta medida ha generado críticas desde sectores gremiales y políticos, quienes cuestionan la rigurosidad del control y su impacto en los derechos laborales.
El ahorro millonario del gobierno rionegrino evidencia un fuerte control del gasto público, pero también despierta interrogantes profundos. ¿Hasta qué punto puede un Estado optimizar sus recursos sin afectar derechos fundamentales? ¿Es posible que detrás del recorte de licencias haya casos de necesidad real desatendidos? ¿Cuál es el límite entre el control y la desconfianza hacia los trabajadores?
La medida puede leerse como un paso hacia una administración más eficiente, pero también como una señal de alerta sobre el rumbo de ciertas políticas públicas. ¿Estamos frente a una estrategia necesaria o ante un modelo que pone el equilibrio fiscal por encima del bienestar laboral?
El debate está planteado. Y recién empieza.
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