Rechazan amparo de ruralistas rionegrinos contra la flexibilización de la barrera sanitaria

El juez federal subrogante de Viedma, Hugo Greca, rechazó el amparo presentado por las sociedades rurales de Río Negro contra la resolución del SENASA que habilita el ingreso de carne con hueso a la Patagonia desde el norte del río Colorado. De este modo, el magistrado ratificó la vigencia de la resolución 460/2025, dictada por el Gobierno Nacional, al considerar que los argumentos técnicos presentados por la parte actora no fueron suficientes para suspender la medida mediante una cautelar.

La resolución del SENASA había generado un fuerte rechazo por parte de productores ganaderos del sur del país, quienes consideran que la decisión pone en riesgo el estatus sanitario de la región, actualmente libre de fiebre aftosa sin vacunación. En este marco, la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro solicitó la suspensión provisoria de la normativa mientras se resuelve un recurso administrativo presentado ante el organismo nacional.

Sin embargo, el juez Greca sostuvo que, al ser el Estado parte en la causa, corresponde aplicar un criterio más estricto en la valoración de las pruebas. En su fallo, argumentó que la parte actora debía acreditar con mayor rigurosidad la “manifiesta arbitrariedad del acto atacado” y que no lo hizo. Así, desestimó la medida cautelar solicitada por los ruralistas.

Riesgos sanitarios y cuestionamientos formales

Entre sus principales fundamentos, los productores habían advertido que la flexibilización de la barrera permitiría la circulación sin restricciones ni controles suficientes, lo que podría habilitar la transmisión del virus de la fiebre aftosa a zonas patagónicas sin vacunación. Como prueba del riesgo, señalaron que Chile ya cerró sus fronteras a productos cárnicos provenientes de Argentina tras conocerse la nueva normativa.

También argumentaron que la resolución de SENASA es “inconstitucional”, al interferir con leyes nacionales que establecen normas sanitarias específicas, y cuestionaron que la medida no haya sido sometida a consulta pública previa, como exigen los procedimientos en casos de modificaciones regulatorias de alto impacto.

A pesar del revés judicial, desde las entidades rurales aseguran que continuarán con las gestiones administrativas y que evaluarán nuevos caminos judiciales para defender el estatus sanitario de la Patagonia, considerado un diferencial clave para acceder a mercados internacionales.