La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta un proyecto que habilita el cobro de la atención hospitalaria y de la educación superior a los extranjeros que no tengan residencia permanente en la provincia. La iniciativa recibió 33 votos afirmativos contra 9 negativos, con cuatro legisladores ausentes al momento de la votación.
La propuesta, que deberá pasar por una segunda votación para convertirse en ley, fue presentada por los legisladores oficialistas Lucas Pica y Facundo López, junto al arista Javier Acevedo. Durante el debate, Pica sostuvo que el objetivo es “priorizar a los rionegrinos que pagan impuestos” y “evitar un impacto negativo en la prestación de los servicios básicos de salud y educación”.
Desde la oposición, el bloque peronista fue el más crítico, con una mirada progresista del asunto y reafirmando su voluntad de pagar la salud de los extranjeros. José Luis Berros calificó la iniciativa como parte de una “máquina de humo” para tapar la crisis de la salud y la educación en la provincia, mientras que Magdalena Odarda advirtió que “ha ganado el discurso del odio, la discriminación y la estigmatización”. A su vez, Ayelén Spósito la definió como “un proyecto tribunero, inconstitucional y xenófobo”.
Por su parte, Facundo López defendió la propuesta al remarcar que “la atención es pública, pero no gratuita, sino que la pagan los contribuyentes rionegrinos” y aseguró que no habrá discriminación: “Nadie quedará sin ser atendido, pero los extranjeros deberán abonar el servicio en defensa de los recursos provinciales”.
Otros legisladores como Juan Martín (PRO) apoyó el proyecto de ley, pero criticó al gobierno provincial «Lamentablemente, el gobierno tardó tres años en reaccionar y evidentemente lo hacen por una especulación electoral. Deberían dejar de mirarse el ombligo y empezar a escuchar más las ideas de la oposición, que en definitiva son reclamos de los vecinos de la provincia» . Por su parte, Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) también respaldó la iniciativa y afirmó que no significa “ningún abandono”.
El expediente ahora requiere la segunda aprobación legislativa para su sanción definitiva, su promulgación y reglamentación. Allí se definirá el modo concreto en que se implementará el cobro, un punto que generó dudas incluso en algunos legisladores que acompañaron la primera vuelta.
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