Prorrogan la investigación por la muerte de un operario en un derrumbe e imputan a diez directivos de una contratista

La causa judicial por el trágico fallecimiento del trabajador Ariel Breppe ha sumado un nuevo e decisivo capítulo procesal al extenderse el plazo de la investigación penal preparatoria por cuatro meses adicionales. La resolución fue dictada por el juez de garantías tras la solicitud presentada por el fiscal del caso, quien expuso la necesidad de profundizar las pericias técnico-ambientales y sumar imputaciones contra una decena de ejecutivos y personal jerárquico de la empresa constructora Ecosur Bahía S.A., involucrada en la obra donde ocurrió el fatídico derrumbe.

Entre las figuras alcanzadas por el requerimiento fiscal se encuentra el propio presidente de la firma junto a otros altos directivos, gerentes de área y responsables directos de las normativas de seguridad e higiene laboral. Las imputaciones apuntan a determinar las responsabilidades penales en la falta de adopción de medidas de contención para las tareas de excavación, las cuales resultaron determinantes en la inestabilidad del terreno y el posterior colapso de la estructura que sepultó al operario.

Paralelamente a los cargos por homicidio culposo o negligencia en el ámbito de trabajo, la fiscalía ha incorporado un nuevo elemento de severa gravedad institucional: el presunto delito de adulteración de documento. La investigación detectó severas irregularidades en la confección y aprobación de los permisos de trabajo (PT), sugiriendo que la documentación obligatoria requerida para habilitar la operatividad en la franja de riesgo habría sido falsificada o modificada con posterioridad para simular el cumplimiento de los estándares legales vigentes.

Con la prórroga del tiempo procesal concedida por la Magistratura, la fiscalía se enfoca en recopilar el material probatorio definitivo, peritajes caligráficos sobre las firmas asentadas en los permisos y testimonios clave de la cuadrilla operativa. De esta forma, el expediente busca establecer el nivel de responsabilidad en toda la cadena de mando de la compañía, marcando un precedente en la asignación de culpas corporativas ante siniestros laborales fatales en la región.