Según lo informado, ya fueron despedidos 25 empleados municipales en lo que va del año. En los casos más graves, el Ejecutivo local evalúa iniciar acciones penales por la utilización de certificados apócrifos, lo que constituye un delito.
Desde el municipio remarcaron que el objetivo es ordenar la administración, garantizar el correcto uso de los recursos públicos y asegurar que los servicios se presten de manera eficiente. Además, subrayaron que el control no solo es disciplinario sino también preventivo, ya que se busca desalentar las prácticas de ausentismo injustificado.
Este tipo de medidas, que generan tanto apoyos como cuestionamientos, forman parte de una tendencia más amplia en distintos municipios del Alto Valle, donde se busca transparentar el manejo del empleo público y evitar abusos dentro del sistema laboral estatal.
Dato clave: en algunos de los casos analizados, se detectaron certificados médicos con inconsistencias que podrían derivar en denuncias por falsificación, lo que marca un giro más severo en la política de control de personal.
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