Milei activa la “motosierra” y recorta 21 organismos públicos

El pasado martes, el Poder Ejecutivo decretó la implementación del plan conocido como “motosierra”, mediante el Boletín Oficial Nºâ€¯35.702, que dispone la disolución, reforma o fusión de 21 organismos públicos de diferentes áreas.

Entre los entes disueltos se encuentran piezas clave como la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad, varios fondos fiduciarios (FFFIR y FONDEP), las Delegaciones Sanitarias Federales y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), junto con su comisión, y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI).

Otros organismos pasaron a integrar nuevas estructuras dentro de ministerios: el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otros. 

Asimismo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) fue reconvertida en una Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y la Junta de Seguridad en el Transporte se transformó en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.

Según fuentes oficiales, las competencias de los organismos eliminados no se eliminarán, sino que pasarán a manos de ministerios como Economía, Salud, Agricultura, Industria o la ANMAT. El personal afectado conservará sus cargos hasta que se implementen las nuevas estructuras organizativas. Edificios, bienes y vehículos serán reasignados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado o vendidos, mientras que los recursos financieros irán al Tesoro Nacional.

Este anuncio generó reacciones diversas: desde el oficialismo se presentó como una reforma estructural necesaria para recortar burocracia, mientras que sindicatos y gobernadores expresaron preocupación por la continuidad de servicios y la seguridad institucional, y advirtieron que esta política podría atraer conflictos y carencias en la gestión pública.