En el centro de la escena, José Luis Espert, que tras días de presión renunció a la presidencia y a la integración de la Comisión de Presupuesto. Aun así, el libertario sigue en el ojo del huracán: en su despacho apareció un cartelito con la leyenda “Chau chau” y en los pasillos todavía se discute si los proyectos que piden su expulsión del Congreso tienen o no chances reales.
La oposición en Diputados pidió una “mega sesión” para este miércoles a las 12. En la agenda hay más de veinte temas irritantes para la Casa Rosada. Entre ellos, se destaca el proyecto para modificar la Ley de DNU, que ya tiene media sanción del Senado y que, de aprobarse, se convertiría en ley.
El cambio propuesto altera una pieza clave: hoy un DNU del Presidente queda vigente salvo que ambas cámaras lo rechacen; la nueva redacción invierte la lógica, y exige que ambas cámaras lo aprueben en un plazo de 90 días con mayoría absoluta, o queda sin efecto. Si una sola lo rechaza, también cae.
La sesión incluirá además la designación de la Defensora del Niño, la votación de proyectos de interpelación a Karina Milei y al ministro Mario Lugones, y el tratamiento del proyecto que busca coparticipar el Impuesto a los Combustibles (ICL), impulsado por los gobernadores.
Otro punto caliente será el emplazamiento de la Comisión de Presupuesto —ahora acéfala tras la salida de Espert— para fijar fechas concretas de trabajo sobre el Presupuesto 2026. La oposición sospecha que el oficialismo busca demorar el debate y postergarlo hasta después del 10 de diciembre.
También se discutirá la posibilidad de avanzar con una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por incumplimiento de la Ley de Discapacidad. El tema, que divide incluso a bloques aliados, podría derivar en la creación de una comisión bicameral.
Otros proyectos en el temario incluyen la emergencia para Pymes, la derogación del decreto sobre importación de maquinaria, la emergencia en Ciencia y Tecnología, y la recomposición presupuestaria del IOSFA.
Entre los proyectos presentados esta semana, uno llamó la atención por su alcance y tono: el del diputado massista Ramiro Gutiérrez, que propone exigir un examen psicofísico obligatorio para todos los candidatos a cargos electivos, incluidos Presidente y Vicepresidente.
El legislador argumenta que, si la ley laboral exige ese requisito para cualquier trabajador, también debería aplicarse a quienes conducen los destinos del país. Aunque no menciona nombres, el texto fue leído como un tiro por elevación a Javier Milei y Victoria Villarruel.
El clima político también se sintió fuera del recinto. En los pasillos de Diputados, los jefes de bloque Gabriel Bornoroni (LLA) y Germán Martínez (UP) mantuvieron una conversación cara a cara para coordinar los pasos de la oposición frente al caso Espert.
Mientras tanto, el libertario fue recibido con ironías: en la puerta de su despacho, alguien colocó un cartel que decía simplemente “Chau chau”.
En el Senado, la postal fue distinta: Martín Lousteau, Fernando Salino y Juliana Di Tullio fueron captados tomando apuntes a mano, en una escena analógica que contrastó con la vorágine política.
Y un gesto que no pasó inadvertido: la vicepresidenta Victoria Villarruel compartió un acto en Formosa junto a Gildo Insfrán, hecho que irritó al senador libertario Francisco Paoltroni, quien la acusó de mostrarse con quienes “promueven el juicio político” al presidente Milei.
Aunque Espert ya renunció a su rol en la Comisión de Presupuesto, siguen vigentes tres proyectos —de Victoria Tolosa Paz, Facundo Manes y la Izquierda— que piden su expulsión directa del Congreso.
El artículo 66 de la Constitución establece que cada Cámara puede excluir a uno de sus miembros con el voto de dos tercios del cuerpo por “inhabilidad física o moral”. Pero para incluir el tema en la sesión se necesita tres cuartos de los votos, lo que hace imposible su tratamiento.
Sí podría aplicarse el artículo 188 del reglamento interno, que permite abrir una investigación por “faltas graves” y aplicar sanciones disciplinarias. Sin embargo, ese mecanismo se reserva para casos extremos: el último antecedente fue el escándalo de Juan Emilio Ameri en 2020, quien terminó renunciando antes de ser sancionado.
La última expulsión en el Congreso fue en diciembre de 2024, cuando el Senado removió al entrerriano Edgardo Kueider tras ser detenido con 200.000 dólares no declarados al cruzar la frontera con Paraguay.
En Diputados, en cambio, no se expulsa a un legislador desde 1991, cuando se echó al catamarqueño Ángel Luque por “indignidad moral” tras declaraciones vinculadas al caso María Soledad Morales.
📌 El Congreso arranca otra semana intensa. Vetos, interpelaciones, presupuestos en disputa y un oficialismo que todavía no logra ordenar su tropa. Todo puede pasar en la mega sesión del miércoles.
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