La Legislatura rionegrina debate una profunda reforma educativa con proyectos de todos los bloques

La educación en Río Negro atraviesa un momento de debate intenso en la Legislatura provincial, donde diversas bancadas han presentado una batería de proyectos que buscan transformar el sistema de enseñanza. Lejos de ser una agenda de un solo sector, la modernización de los contenidos y el funcionamiento de las instituciones educativas han generado que el oficialismo y la oposición coincidan en la necesidad de reformas de fondo para adaptar la escuela a los desafíos actuales.

Uno de los pilares de este debate es la tecnología y la ciudadanía digital. Proyectos impulsados por Roberta Scavo (ARI-Cambiemos) buscan regular el uso pedagógico de la Inteligencia Artificial y dispositivos digitales, mientras que desde bloques como el PJ-Nuevo Encuentro y la UCR se promueve la «Educación Ciudadana Digital» y el reconocimiento de la conectividad como un derecho esencial para los estudiantes de toda la provincia.

En cuanto a la actualización de contenidos, la discusión incluye la incorporación de áreas como Educación Emocional, Educación Financiera y Emprendedurismo, propuestas por Juan Martín (PRO-Unión Republicana). A esto se suma el pedido de Javier Acevedo (ARI) para que la enseñanza de inglés sea obligatoria y progresiva, y la intención de la UCR de crear nuevas orientaciones técnicas en Hidrocarburos, Minería y Pesca, vinculando directamente la formación secundaria con las matrices productivas rionegrinas.

La convivencia y el bienestar estudiantil también ocupan un lugar relevante. Juntos Somos Río Negro impulsa leyes de educación inclusiva y registros de vacantes, mientras que el PRO y otros bloques de la oposición proponen normativas contra el acoso escolar y sistemas de reparación educativa. En este marco, se destaca una propuesta para crear centros infantiles que permitan a estudiantes con hijos continuar sus estudios secundarios sin interrupciones.

Finalmente, las reformas alcanzan al sector docente. Existen proyectos de ley para modificar el Estatuto del Personal Docente (Ley L 391), buscando establecer nuevos criterios de prioridad para el ingreso a la profesión. Además, se analiza otorgar puntajes especiales a los egresados de Institutos de Formación Docente de la provincia, una iniciativa que apunta a jerarquizar la formación local y fortalecer el sistema educativo desde su base profesional.