La Justicia investigará al titular del IPPV por el destino de fondos de viviendas

La Fiscalía de General Roca formalizó un pedido para investigar a Mariano Lavin, actual interventor del Instituto Provincial de la Vivienda (IPPVI) y ex intendente de Fernández Oro. El fiscal Gustavo Herrera busca determinar qué sucedió con el último desembolso de un plan nacional de viviendas que recibió la Municipalidad durante la gestión de Lavin y si cometió falso testimonio en un juicio anterior.

La investigación surge a partir de una orden del tribunal que condenó al ex intendente Juan Reggioni por administración fraudulenta. En ese juicio, Reggioni acusó a Lavin de no haber rendido adecuadamente los fondos de un plan de viviendas sociales.

Los dos hechos investigados

• Administración fraudulenta: La Fiscalía investiga el destino de 1.357.800 pesos recibidos en marzo de 2016 para la finalización de un plan de 12 viviendas, de las cuales solo se terminaron 6. Lavin declaró que el dinero se usó para pagar deudas de la gestión anterior, pero un perito contador dictaminó que solo se justificaron pagos por 374.035 pesos. Ante esta diferencia, se lo imputó provisoriamente por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado”.
• Falso testimonio: Se acusa a Lavin de mentir bajo juramento durante el juicio a Reggioni, al afirmar que no tenía conocimiento de los planes de viviendas por cooperativas cuando asumió la intendencia. El fiscal Herrera sostiene que esta declaración contradice un acta notarial de traspaso de mando, firmada por el propio Lavin, que sí mencionaba los programas habitacionales en curso. Por esto, se lo imputó por el delito de “falso testimonio”.

Tras conocerse la condena a Reggioni, quien lo responsabilizó por el destino de los fondos, Lavin se había presentado de manera espontánea en los tribunales para ofrecer documentación que, según él, prueba que se utilizaron los fondos para pagar deudas de la gestión anterior. El exintendente enfatizó que su actuación «siempre se rigió por principios de rendición de cuentas y acceso a la información pública».

Con la formalización del pedido de investigación, la Justicia deberá determinar si las explicaciones de Lavin son suficientes para esclarecer el destino del dinero y si su declaración en el juicio constituyó un delito.