Un tribunal de la Cámara Civil de Roca dejó sin honorarios a dos abogados y los denunció ante el tribunal de ética del Colegio de Abogados, luego de descubrir que habían utilizado 26 citas de fallos inexistentes en sus escritos judiciales. Los jueces presumen que los precedentes fueron redactados con el uso de inteligencia artificial, lo que ha generado un severo llamado de atención sobre la responsabilidad profesional en la era digital.
La situación se destapó durante el análisis de una apelación en una causa civil, donde un cliente demandaba a la concesionaria oficial de Peugeot y a la propia marca por fallas reiteradas en un vehículo 0 km. Al cotejar las citas jurídicas presentadas por los abogados de ambas partes, el tribunal encontró que 20 de los fallos citados por el demandante y 6 de los citados por la concesionaria no existían en los registros judiciales.
Cuando se les pidió una explicación, uno de los letrados alegó un «error de pluma», mientras que el otro sostuvo que no pudo verificar los precedentes en la revista doctrinaria que supuestamente consultó.
La Cámara Civil de Roca concluyó que, si bien es probable que se haya recurrido a herramientas de inteligencia artificial generativa, la conducta de no verificar las fuentes resulta «mucho más grave» si los precedentes fueron inventados deliberadamente. El fallo subraya que, aunque la IA puede ser una herramienta de apoyo, los resultados «deben ser indefectiblemente cotejados» para evitar las «alucinaciones» que generan citas falsas.
Como resultado, el tribunal no solo anuló la intervención de los abogados en la apelación, sino que también decidió no pagarles honorarios. Aunque no impuso sanciones formales, remitió el caso al Colegio de Abogados de Roca para que se investigue la conducta ética de los profesionales y se promuevan acciones preventivas.
Este caso, que confirma la sentencia de primera instancia a favor del cliente del vehículo, pone sobre la mesa el desafío de regular el uso de la inteligencia artificial en el ámbito legal, ya que actualmente no existen lineamientos específicos para los abogados privados, a diferencia del protocolo interno que rige en el Poder Judicial de Río Negro.
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