La gestión del intendente de Allen, Marcelo Román, ingresó en una zona de extrema turbulencia política e institucional. Este viernes, el Concejo Deliberante local recibió una presentación formal que busca activar el mecanismo de revocatoria de mandato del jefe comunal, respaldada por la voluntad de más de 3.000 vecinos que firmaron el petitorio. La impulsora de la iniciativa, Silvina Susana Cantero, una docente jubilada y afiliada al gremio UnTER, detalló en el escrito oficial que la administración municipal evidencia una profunda ineptitud en la prestación de los servicios básicos, denunciando un estado de abandono progresivo que afecta directamente la calidad de vida en los diferentes barrios de la localidad.
El documento, que ingresó con sello oficial de la casa legislativa amparándose en el artículo 98 de la Carta Orgánica Municipal, expone severas deficiencias en áreas clave del mantenimiento urbano cotidianas. Entre los principales reclamos que motivaron el acompañamiento masivo de la ciudadanía se destacan el desinterés en la limpieza de las calles, las fallas crónicas en el sistema de recolección de residuos domiciliarios y la alarmante falta de alumbrado público. Cantero argumentó que la parálisis de la comuna responde no solo a una falta de gestión, sino a una preocupante carencia de mantenimiento de los insumos, herramientas, maquinarias y del propio capital humano e infraestructura de proveedores necesarios para atender las demandas del ejido urbano. La docente aclaró expresamente que actúo a título personal, desvinculando el reclamo de cualquier patrocinio o encomienda por parte de agrupaciones políticas, civiles o religiosas.
La ofensiva vecinal para destituir a Román coincide temporalmente con el momento más delicado del mandatario libertario en los tribunales ordinarios. El intendente se encuentra procesado y enfrenta una causa penal de gravedad institucional por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado. La investigación judicial apunta a un supuesto desvío de fondos estatales que también involucra al empresario de medios Sebastián Ocampo, señalado por los fiscales como partícipe necesario en las maniobras delictivas destinadas a damnificar las arcas de la comuna.
Este entramado de sospechas económicas tendrá su capítulo definitivo en el corto plazo, ya que las autoridades judiciales fijaron la audiencia de formulación de cargos para el próximo 8 de junio. La proximidad de la cita en los tribunales añade una fuerte presión al escenario de la revocatoria, debilitando el respaldo político de Román mientras el Concejo Deliberante evalúa los pasos legales a seguir con las firmas entregadas por la comunidad.
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