La fiscalía de Río Negro abrió una investigación preliminar que involucra al intendente de Allen, Marcelo Román, y al empresario de medios Sebastián Ocampo por posibles hechos de corrupción dentro del municipio.
Según consta en la resolución de la fiscalía, la causa se habría iniciado a raíz de una denuncia presentada el 26 de junio por el Tribunal de Cuentas local. El organismo de control advirtió que Ocampo habría ejercido funciones públicas sin tener designación formal y utilizaba un teléfono celular abonado por la Municipalidad, presuntamente con aval del propio Román.
El expediente está en manos de la fiscal María Celeste Benatti, quien impulsa la investigación por el delito de peculado (artículo 261 del Código Penal) contra el intendente, en calidad de autor, y contra Ocampo como supuesto partícipe. A este último también se le podría imputar la figura prevista en el artículo 246, inciso 1, que refiere a quienes ejerzan funciones públicas sin título o nombramiento legal.
La acusación indica que entre fines de 2023 y abril de 2025, Román habría destinado un celular oficial para uso exclusivo del empresario, propietario de Radio Terapia y de un sitio web afín a la actual gestión comunal. Además, Ocampo habría intervenido activamente en decisiones administrativas, participando de reuniones de gabinete y tomando decisiones sobre compras, contrataciones y partidas presupuestarias, pese a no tener ningún vínculo laboral con el municipio.
El caso dio pie a una serie de allanamientos realizados días atrás en propiedades vinculadas al empresario. Entre las pruebas recolectadas figurarían testimonios, comprobantes de pagos por publicidad oficial, y presuntas triangulaciones de facturación.
La presentación formal ante la Justicia fue firmada por Florencia Torres Castaños y María Belén Villar, junto al asesor legal Ezequiel Martínez. También se consignaron los nombres de Matías Piergentili y Facundo Jara Godoy, del mismo Tribunal.
La fiscalía aún no imputó formalmente a los involucrados, pero ambos figuran como posibles responsables de delitos vinculados a la administración pública. La investigación sigue en curso.
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