Foto Alejandro Carnevale. Diario Rio Negro.
Un agente policial de Roca fue imputado por la fiscalía por presuntas torturas a un detenido, quien lo acusó de haberlo atado y golpeado durante su estadía en la comisaría. El uniformado, por su parte, dio su propia versión de los hechos en plena audiencia.
La pareja de un hombre que se encontraba detenido denunció que este fue atado y golpeado en el sector de celdas. Todo sucedió en agosto del año pasado, mientras estaba alojado en la Comisaría 31 de Roca. La víctima terminó con lesiones visibles en el rostro, en los brazos y en el tórax, y fue trasladado al hospital.
Esta mañana, la Fiscalía acusó formalmente a un agente de la Policía de Río Negro por el delito de torturas y lesiones. La defensa del uniformado, en tanto, sostuvo que el detenido se autoflageló, y que el imputado incluso tiene videos que lo demostrarían. La audiencia de formulación de cargos se realizó este lunes en los tribunales de Roca. El juez de Garantías, Julio Martínez Vivot, tuvo por formulados los cargos y autorizó cuatro meses para la investigación.
La fiscalía también solicitó que el policía imputado no pueda acercarse a la víctima y que se le prohíba realizar tareas operativas cerca de los testigos mientras se sustancia el proceso. El caso, por su gravedad institucional, fue caratulado como torturas, en línea con el artículo 144 ter inciso 1 del Código Penal, cuya pena puede comenzar con un mínimo de 8 años de prisión.
El fiscal Gastón Britos Rubiolo explicó en la audiencia que el hecho ocurrió el 5 de agosto del 2024, en una hora cercana a las 19. La víctima estaba detenida por un hecho menor y, si bien en un primer momento estaba en la Subcomisaría 69 del norte de Roca, fue trasladado a la Unidad 31 por falta de lugar de alojamiento.
Según la teoría fiscal, el policía imputado lo sacó del calabozo, lo llevó esposado a un pasillo, lo ató de pies y manos en la posición «chanchito», lo arrojó al piso y comenzó a golpearlo. Este episodio habría sido protagonizado junto a otros tres oficiales no identificados. La denuncia sostuvo que la agresión fue reiterada, que el hombre estuvo indefenso, y que el acusado se valió de su rol de funcionario público para ejercer violencia.
La víctima fue trasladada al hospital dos días después. Al llegar, presentaba lesiones en el rostro, en los brazos, en el tórax, y marcas visibles de haber estado atado. Según el Ministerio Público Fiscal (MPF), el personal médico dejó constancia de que el detenido presentaba hematomas y excoriaciones, y activó el protocolo para este tipo de situaciones.
La fiscalía sostuvo que la calificación está debidamente fundada en el parte médico del hospital, los testimonios de los otros detenidos que visualizaron el hecho y las imágenes que habría tomado la pareja de la víctima. El representante del MPF aclaró que la investigación está en una etapa inicial, pero que ya hay elementos suficientes para presumir que el hecho existió, que fue cometido por el policía imputado, y que encuadra dentro del tipo penal de torturas.
La defensa oficial del imputado, a cargo de Miguel Salomón, negó enfáticamente que se haya tratado de un caso de torturas. Sostuvo que el detenido estaba fuera de sí, que había estado alterado durante esos días y que incluso se golpeó contra una pared, mientras estaba esposado.
El acusado tomó la palabra durante la audiencia. Relató que todo inició con una notificación que le llegó al detenido, a quien le explicó la situación y lo que significaba esa notificación. «Él se negó a firmar«, agregó el efectivo.
Luego, aseguró que había informado al oficial de servicio la negativa, dejando el documento en el escritorio. Un compañero se acercó para reiterarle la situación, y el acusado sostuvo que el detenido terminó firmando la notificación. Sin embargo, tras conversar con otros demorados, el detenido comenzó a pensar que lo que le habían dado era una sentencia a la que él aceptaba todos los cargos que se le atribuían, y se salió de control.
De esta manera, solicitó nuevamente la cédula de notificación, pero ya había sido enviada. «Ahí comenzó a golpearse. Yo poseo cuatro videos donde amenaza con ejecutarse y comienza a golpearse contra las rejas del cuartel«, indicó el imputado.
Sobre las esposas que ataban las manos del detenido a un casco, relató que fue por «un tema de resguardo de su integridad física«. «Él anteriormente se había cortado una ceja por los golpes, había arrancado los cables de una lámpara que estaba funcionando dentro del calabozo y amenazó con electrocutarse», argumentó.
El defensor detalló que su representado cuenta con grabaciones que serán ofrecidas en la investigación, y que demostrarían que nunca hubo un acto de tortura, sino que el detenido se autolesionó.
La fiscalía no pidió la prisión preventiva del policía, pero sí solicitó una serie de medidas cautelares. Entre ellas, la prohibición de acercamiento a la víctima y la prohibición de realizar tareas operativas cerca de los denunciantes y/o testigos.
El juez hizo lugar a todos los pedidos y fijó un plazo de cuatro meses para llevar adelante la investigación. En ese tiempo, la fiscalía reunirá pruebas, tomará declaraciones testimoniales y analizará las imágenes de video que aportará la defensa.
La actual conducción del Club Deportivo Roca encendió las alarmas de la comunidad "Naranja" al…
Un caso de acoso sexual y laboral dentro de la Policía de Río Negro activó…
La tensión gremial en la Administración Pública Nacional sumó un capítulo crítico con epicentro en…
El Gobierno de Río Negro dio un paso definitivo para garantizar que el histórico despegue…
El megadespliegue energético que promete cambiar de raíz la matriz económica de la Patagonia tuvo…
Un gravísimo episodio de connotación sexual y violencia conmovió a la comunidad de General Roca.…
Esta web usa cookies.