Golpe al phishing: La Justicia obliga a un banco a devolver el dinero tras una estafa digital

Un fallo de la Cámara Civil de Cipolletti sentó un precedente clave al determinar que la responsabilidad total es de la entidad financiera. El Banco Patagonia deberá restituir los fondos y pagar una indemnización por daño moral.

En una sentencia que marca un antes y un después para los usuarios de servicios bancarios en la región, la Cámara Civil de Cipolletti falló a favor de un cliente que fue víctima de un millonario fraude electrónico. El tribunal determinó que los bancos son los responsables directos de garantizar la seguridad de sus plataformas y deben detectar operaciones inusuales antes de que se consume el robo.

El caso comenzó con un correo electrónico engañoso que simulaba ser de la entidad oficial. A través de esta maniobra de «ingeniería social», los estafadores lograron capturar los datos del cliente y, en cuestión de minutos, realizaron un descalabro financiero: cambiaron datos de contacto, habilitaron nuevos sistemas de validación, vendieron moneda extranjera y transfirieron todo el dinero a cuentas de terceros.

De «culpa compartida» a responsabilidad total

En una primera instancia, un juez había considerado que la responsabilidad era compartida al 50%, argumentando que el cliente había facilitado sus claves por error. Sin embargo, los jueces de la Cámara revisaron el expediente y dieron vuelta el criterio, centrando el foco en la omisión de controles por parte del Banco Patagonia S.A.

El tribunal subrayó que, aunque el sistema técnico funcionó (se usaron usuario y contraseña correctos), el banco falló en su deber de seguridad. Los jueces señalaron que una secuencia tan rápida y atípica de movimientos debería haber encendido alertas automáticas y bloqueos preventivos que nunca ocurrieron.

El riesgo es del banco

El fallo es contundente: el phishing no es un hecho ajeno, sino un riesgo propio de la actividad bancaria digital. Según la Cámara, este tipo de fraudes son «previsibles» y las entidades tienen la obligación legal de contar con mecanismos de monitoreo capaces de verificar la identidad del usuario ante situaciones sospechosas.

Finalmente, la Justicia ordenó al banco la restitución completa de los fondos sustraídos, además de mantener una indemnización por daño moral. Este fallo abre una puerta de esperanza para cientos de vecinos de General Roca y la zona que han pasado por situaciones similares y muchas veces no encuentran respuesta en las sucursales locales.

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