Un momento de gran tensión se vivió en el Municipio de Roca cuando una mujer, acompañada de su pareja y sus cuatro hijos menores, se encadenó dentro del edificio para exigir la restitución de un terreno que, según su versión, habían comprado y en el que ya habían comenzado a realizar mejoras. La situación se complicó debido a que el lote en cuestión es un terreno social que pertenece al Estado, el cual fue asignado a otra familia.
La protesta, que incluyó a un bebé con cardiopatías en brazos de la madre, atrajo la atención de las autoridades y generó un fuerte despliegue policial. Tras varias horas de reclamo, se logró llegar a un acuerdo entre las partes, con la intervención de la fiscal Jessica González y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
El acuerdo establece que las autoridades municipales tienen un plazo de 7 días hábiles para resolver la situación de la familia. Durante este tiempo, deberán presentar la documentación necesaria y comunicar las acciones a seguir respecto al reclamo.
La intervención de SENAF también fue crucial, ya que se solicitó la presencia de una ambulancia del Siarme para atender al bebé, en caso de que fuese necesario. La situación ha generado preocupación en la comunidad y se espera que las autoridades actúen rápidamente para evitar mayores conflictos.
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