Fallo histórico en Río Negro: los bancos deberán responder por fraudes digitales aunque exista engaño al cliente

La Cámara Civil de Cipolletti determinó que las entidades financieras deben asumir el costo total de las estafas, marcando un giro profundo en la jurisprudencia argentina sobre ciberdelincuencia.

La Cámara Civil de Cipolletti dictó una sentencia trascendental al determinar que los bancos deben asumir la responsabilidad total ante fraudes digitales, incluso en casos donde el usuario haya sido víctima de engaños como el phishing. Esta decisión judicial responsabiliza directamente al Banco Patagonia por el vaciamiento de una cuenta bancaria y pone el foco en la seguridad de la banca digital y el alcance de la protección al consumidor frente al avance de los delitos informáticos.

El proceso judicial se inició tras una maniobra de phishing en la que un cliente recibió un correo electrónico fraudulento que simulaba ser de la entidad bancaria. A través de una página falsa, los delincuentes capturaron sus datos y ejecutaron múltiples operaciones en tiempo récord, que incluyeron el cambio de credenciales, la habilitación de mecanismos de validación, transferencias, venta de moneda extranjera y el desvío de fondos hacia cuentas de terceros.

Si bien en una primera instancia la Justicia había distribuido la responsabilidad entre el cliente y el banco, la Cámara decidió revocar ese fallo tras analizar los registros informáticos. Los jueces concluyeron que el factor determinante no fue el uso de credenciales válidas por parte de los estafadores, sino la falta de reacción del sistema bancario ante un patrón de operaciones que resultaba claramente anómalo y sospechoso.

Para los magistrados, la secuencia de eventos que incluyó cambios de datos sensibles y transferencias de altos montos en cuestión de minutos debió haber activado alertas automáticas y bloqueos preventivos de seguridad. Al no contar con mecanismos que detectaran este comportamiento inusual, se consideró que el banco incumplió con su deber de seguridad, consolidando un cambio de criterio en el que la institución debe responder por la vulnerabilidad del sistema.

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