Un reciente fallo judicial en General Roca volvió a poner sobre la mesa la importancia del respeto a los derechos laborales y la obligación empresarial de cumplir sus compromisos. Una empleada de una reconocida cadena de electrodomésticos, que se desempeñaba como “asesora integral” y segunda encargada en una sucursal de la ciudad, logró una indemnización millonaria luego de que la firma cerrara sus puertas y la dejara sin trabajo ni respuestas claras.
La trabajadora había ingresado a la empresa en 2006 y mantuvo una relación laboral estable hasta el inicio de la pandemia en 2020. A partir de allí, comenzaron los problemas: primero, la reducción de jornadas durante el ASPO; después, demoras y pagos parciales de salarios, pese al programa de asistencia estatal. El episodio decisivo llegó en marzo de 2021, con el cierre definitivo del local en Roca. Los empleados, entre la incertidumbre y la desinformación, fueron convocados a vaciar la mercadería y nunca recibieron una comunicación formal sobre su situación.
Frente al silencio de la patronal y el incumplimiento de pagos, la trabajadora recurrió al intercambio telegráfico para exigir el cobro de salarios y la regularización de aportes sociales, advirtiendo que, de persistir la situación, se consideraría despedida por exclusiva responsabilidad de la empresa. Sin respuesta, formalizó su despido indirecto, reclamando indemnización y multas previstas en la ley.
La empresa, notificada del proceso judicial, no se presentó en la causa y fue declarada en rebeldía. Esta actitud le jugó en contra: el tribunal dio por ciertos todos los hechos y documentos presentados por la exempleada, incluyendo los reclamos de salarios, diferencias, aportes y la falta de certificaciones laborales.
La sentencia reconoció la mayoría de los rubros indemnizatorios y, aplicando la doble indemnización vigente al momento del despido por la emergencia ocupacional, la suma final superó los $19 millones, muy por encima de lo originalmente reclamado. El fallo incluyó además intereses y penalidades por los incumplimientos empresariales, marcando un precedente claro para el sector.
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