En un contexto de paritarias estancadas y un fuerte reclamo de los trabajadores estatales por la pérdida del poder adquisitivo, el uso de los fondos públicos en Río Negro vuelve a quedar bajo la lupa. Según datos que trascendieron recientemente, la administración provincial ejecutó, solo en lo que va de 2026, una suma superior a los 800 millones de pesos en concepto de pauta oficial y promoción.
El gasto es principalmente de la Agencia de Turismo de Río Negro, conducida por Diego Piquín. La magnitud de estas cifras ha despertado duros cuestionamientos por parte de sectores que denuncian una «falta de transparencia» en la asignación de los recursos.
Lo que más ruido genera es el desembolso de 150 millones de pesos destinados a influencers. La crítica principal radica en que no existe información pública detallada sobre quiénes recibieron el dinero, qué métricas de impacto se obtuvieron o bajo qué criterio se eligieron a estos creadores de contenido.
A esto se suma: $45 millones girados al canal de streaming Olga, uno de los más populares del país; $36 millones a la consultora Epoge SRL, vinculada a asesores directos del Gobierno Nacional (Santiago Caputo); Y $161 millones al diario Río Negro, el medio tradicional de mayor alcance.
Ante la polémica, desde el sector oficial defienden la estrategia de comunicación digital. Agustín Rodríguez, secretario del Ente Mixto de Promoción Turística de Viedma (Envitur) y referente en ATUR, aseguró que los resultados de la temporada de verano están directamente relacionados con esta inversión.
«Esta temporada se están viendo los resultados de la promoción, principalmente de los influencers», afirmó Rodríguez. Según el funcionario, destinos como Bahía Creek han tenido un pico de interés gracias a que las imágenes compartidas en redes sociales se volvieron virales. «La gente mira mucho eso y los visitantes se ven atraídos. Es un esfuerzo para que la costa rionegrina sea reconocida», justificó.
Mientras el Gobierno Provincial sostiene que no tiene «margen fiscal» para presentar ofertas salariales superadoras a los sindicatos, el volumen de gasto en posicionamiento político y publicitario parece contar otra historia. Para los gremios, estos 800 millones de pesos son la prueba de que el dinero existe, pero que las prioridades del Ejecutivo están puestas en el marketing y no en la crisis social que atraviesan salud, educación y seguridad.
Por estas horas, no se descartan pedidos de informes en la Legislatura para que los responsables de ATUR y Comunicación brinden detalles precisos sobre los contratos con influencers y la efectividad real de una pauta que hoy compite, en montos, con los presupuestos operativos de áreas sensibles del Estado.
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