La intervención de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro fue ordenada por el juez del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián, en respuesta a un amparo ambiental presentado por una multisectorial de San Antonio Oeste. Esta decisión se toma en el contexto de preocupaciones sobre la posible utilización de tierra contaminada en obras públicas en la localidad.
El 9 de mayo, se llevó a cabo una reunión en el Concejo Deliberante, donde participaron autoridades locales, provinciales, representantes de sindicatos y vecinos. Durante este encuentro, se alcanzó un consenso para abordar el riesgo ambiental relacionado con la contaminación por plomo. El fallo del juez respalda este acuerdo y exige al Municipio de San Antonio Oeste que cumpla con una medida cautelar impuesta el 30 de abril, que prohíbe el movimiento de tierra contaminada sin autorización judicial.
La intervención se originó tras una denuncia del Defensor General, quien alertó sobre el traslado de material con metales pesados desde un área clausurada, conocida como La Estanciera, hacia la vía pública. La Municipalidad admitió que parte del suelo había sido extraído de esta zona sin la debida autorización, lo que llevó a la creación de un plan para devolver el material a su lugar de origen, una propuesta que fue aceptada por el Municipio.
El juez Apcarián ha encomendado a la Secretaría de Ambiente que elabore, en un plazo de diez días, un cronograma de tareas para prevenir y mitigar los efectos de la contaminación, así como para controlar la exposición de la población. Además, se establece que una vez aprobado este plan, se deberá fiscalizar su ejecución y reportar los resultados al juzgado.
La situación ha generado un fuerte debate en la comunidad, donde se reconoce la necesidad de una intervención activa por parte de las autoridades ambientales para garantizar la salud pública y el bienestar de los habitantes de San Antonio Oeste.
La reciente decisión judicial subraya la importancia de la protección ambiental y la responsabilidad de las autoridades locales en la gestión de situaciones de riesgo, especialmente en áreas donde la contaminación puede tener efectos graves en la salud de la población.
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