Desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023 hasta marzo de 2026, el Poder Ejecutivo ha consolidado un ajuste fiscal sin precedentes en la historia reciente de Argentina. Según el último relevamiento de la Secretaría de Hacienda, la poda del gasto público alcanzó un total de 67.000 millones de dólares.
Este proceso de saneamiento financiero se basó principalmente en la paralización de la obra pública en provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, sumado a una reestructuración de los subsidios a las tarifas de servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El análisis detallado indica que el Palacio de Hacienda ha priorizado el equilibrio de las cuentas para frenar la emisión monetaria y contener la inflación.
Durante estos poco más de dos años, el ahorro generado permitió al Estado cumplir con las metas fiscales acordadas con organismos internacionales, aunque sectores de la oposición y gremios locales han manifestado su preocupación por la caída de la actividad económica derivada de este recorte.
Por el momento, el equipo económico ratificó que el plan de austeridad se mantendrá vigente durante el resto del año 2026 para garantizar la estabilidad de los mercados financieros.
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