El Poder Ejecutivo nacional formalizó este lunes la puesta en vigencia de la Ley 27.801, la cual introduce una reforma estructural en el sistema de justicia para menores. El punto central de la legislación es el establecimiento de la edad de imputabilidad en los 14 años, una medida que el gobierno de Javier Milei impulsó tras obtener el respaldo parlamentario necesario en febrero pasado. La normativa, publicada en el Boletín Oficial, surge de un consenso entre el bloque oficialista de La Libertad Avanza y sectores de la UCR y el PRO, quienes acordaron elevar el piso original de 13 años propuesto inicialmente por la Casa Rosada.
El nuevo esquema legal no solo modifica el límite de edad, sino que implementa un régimen de sanciones proporcionales que permite a los magistrados evaluar los agravantes y el contexto de cada delito. Con esta actualización, la Argentina equipara su legislación con la de países vecinos como Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia y Perú. A pesar del endurecimiento en el criterio de edad, la ley subraya un fuerte componente en medidas socioeducativas, priorizando la reinserción social de los jóvenes infractores para reducir los índices de reincidencia en el futuro.
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