El Gobierno apura la reforma del cabotaje para reducir costos logísticos y apuntalar la operación en Vaca Muerta

El presidente Javier Milei confirmó el envío al Congreso de un proyecto de ley enfocado en modificar de manera integral el régimen de cabotaje nacional. Desarrollada con particular impulso desde el Ministerio de Desregulación, conducido por Federico Sturzenegger, la propuesta busca revertir las ineficiencias que hoy encarecen el desarrollo productivo en la cuenca neuquina, utilizando como ejemplo principal el esquema de traslado de la arena destinada a la fractura hidráulica en Vaca Muerta.

En la actualidad, este insumo crítico realiza trayectos de miles de kilómetros desde la provincia de Entre Ríos hasta Neuquén a bordo de una flota estimada en 1.500 camiones diarios. El continuo impacto y deterioro de la red vial impulsó la realización de estudios de navegabilidad fluvial que permitan encauzar el transporte masivo de esta carga por vía hídrica, reservando el uso de camiones únicamente para la etapa final del circuito de distribución.

La iniciativa oficial no se agota en el ámbito petrolero, sino que busca integrarse a la infraestructura exportadora en marcha en Río Negro —donde convergen el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) hacia Punta Colorada y el proyecto Argentina LNG— y a grandes emprendimientos mineros como el distrito Vicuña, que abarca Filo del Sol y Josemaría en San Juan. El diagnóstico elaborado por el Poder Ejecutivo revela una marcada rigidez en el sector: más del 80% de los buques de bandera argentina dedicados al cabotaje se destinan al transporte de combustibles, mientras que existen menos de cinco embarcaciones abocadas al traslado de contenedores entre puertos del país.

Para destrabar esta concentración y facilitar la incorporación gradual de embarcaciones de bandera extranjera, el texto presentado en el marco de la Exposición Rural de Palermo propone exenciones concretas destinadas a abaratar los fletes de cabotaje. Entre los incentivos centrales figuran la fijación de un arancel cero para la importación de buques de hasta 20 años de antigüedad que se sumen a la bandera nacional y la eliminación de impuestos al combustible utilizado en este tipo de transporte. Con estos elementos sobre la mesa, la decisión final quedará en manos de los legisladores, quienes deberán debatir si la norma logra consolidarse como la herramienta definitiva para reducir los cuellos de botella logísticos del país.