En un giro que promete revolucionar los manuales de Instrucción Cívica de la escuela secundaria (o directamente prenderlos fuego), el legislador rionegrino Leandro García (PJ-NE) se sumó a una audaz cruzada institucional: lograr que el Congreso de la Nación funcione como una especie de «Súper Corte de Justicia» y anule la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad. Al parecer, la famosa división de poderes ideada por Montesquieu quedó un poco vieja para la política moderna.
García no inventó la pólvora, sino que decidió subirse al barco de un viejo conocido de la provincia: Miguel Ángel Pichetto. El actual diputado nacional había exigido días atrás en el Congreso que el Poder Legislativo declare «nulo y viciado» el fallo ratificado en su momento por la Corte Suprema. Fascinado por esta novedosa interpretación de la Constitución Nacional (donde los legisladores pueden borrar con el codo lo que los jueces firman con la lapicera), García salió a respaldarlo con todo el cotillón discursivo disponible.
Para el legislador rionegrino, el fallo que confirmó la condena de la ex Vicepresidenta no tiene nada que ver con expedientes, pruebas ni sobreprecios en la obra pública. No, señor. Según su lectura, todo se reduce a un «plan sistemático del poder judicial corporativo para disciplinar a la dirigencia». De paso, y para no perder la costumbre de meter todo en la misma licuadora política, García aprovechó para ligar el expediente judicial con la gestión de Javier Milei, a quien tildó de «títere del poder económico».
En su afán por demostrar las «irregularidades» del caso, García enumeró que la Corte Suprema resolvió la apelación en apenas diez páginas y que los jueces debieron apartarse por haber enfrentado un juicio político promovido… por el propio partido de la acusada. Una lógica implacable: si te investigan, les iniciás un juicio político y, listo, quedan inhabilitados para juzgarte.
La argumentación cerró con una advertencia dramática sobre la fragilidad de la democracia por tener bajo rejas a una figura de la talla de la exmandataria. Por eso, repitiendo el libreto de Pichetto, García insistió en que el Congreso «no puede quedarse de brazos cruzados». Habrá que ver si la próxima iniciativa del bloque incluye también que los legisladores redacten el Código Penal a gusto y piacere o si directamente se autoproclaman jueces de la Nación, total, el texto constitucional parece haber pasado a ser un detalle puramente opcional.
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