El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, ha alzado la voz ante la crítica situación de las rutas nacionales en la provincia, acusando al Gobierno nacional de una “desidia sistemática” en el mantenimiento de estas vías. En un mensaje contundente a través de sus redes sociales, el mandatario mostró su descontento por el estado de las rutas 22, 23, 40 y 151, describiéndolas como “heridas, rotas, olvidadas”.
Weretilneck subrayó que la falta de atención a estas rutas no es simplemente una cuestión de retrasos, sino un desprecio hacia la seguridad de los ciudadanos. “La gente se juega la vida todos los días”, enfatizó, recordando que las promesas de mejora han quedado en el olvido durante más de 15 años. La situación se vuelve aún más alarmante considerando que la producción y el turismo en la región dependen de estas vías, que actualmente son intransitables.
El gobernador también cuestionó la excusa habitual del Gobierno nacional sobre la falta de recursos, señalando que en 2024 se recaudaron más de 2 billones de pesos a través del impuesto a los combustibles, fondos que deberían ser destinados a la infraestructura vial. “¿Dónde está esa plata? ¿En qué provincia invierten? Porque en Río Negro, no”, se preguntó, exigiendo claridad sobre el destino de esos recursos.
Además, aclaró que la provincia no tiene la capacidad de intervenir en las rutas nacionales debido a que son responsabilidad del Gobierno nacional. “No se puede intervenir sin recursos, sin maquinaria, sin acuerdos”, explicó, reafirmando que no se utilizarán fondos provinciales para cubrir la falta de acción del gobierno central. “Esto no es ideología. Es una pelea justa por lo que nos corresponde”, añadió, insistiendo en que el reclamo va más allá de cuestiones políticas y se centra en la seguridad y el derecho al tránsito de los rionegrinos.
La denuncia de Weretilneck reaviva el debate sobre el papel del Estado nacional en las regiones y la necesidad de un federalismo real en la distribución de recursos. Desde Río Negro, el mensaje es claro: no se trata de solicitar ayuda, sino de exigir el cumplimiento de la ley y atender las necesidades de la población.
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