El tablero de poder en Río Negro se prepara para una reconfiguración total. El gobernador Alberto Weretilneck cumplirá con su promesa legislativa y recibirá a los 39 intendentes de la provincia en la Casa de Gobierno para iniciar el debate sobre el nuevo régimen de coparticipación. El sistema actual, regido por la Ley 1946, quedó obsoleto: se basa en el Censo de 2010 y no refleja la explosión demográfica de algunas regiones ni el estancamiento de otras.
El eje del conflicto no es solo la ley en sí, sino la herramienta de medición. El Censo 2022 será el punto de partida, pero muchos intendentes ya han puesto el grito en el cielo. Aseguran que las cifras del INDEC están por debajo de la realidad de sus calles y hospitales. Para defender sus cajas, algunos jefes comunales proponen usar el padrón electoral como prueba de que tienen más habitantes de los que el Censo registró.
El gobernador fue sincero desde el primer día: «Habrá ganadores y perdedores». El análisis de los datos censales revela un panorama dispar:
Los beneficiados: Unos 5 municipios crecieron por encima del 30% (muy por encima de la media provincial del 17,5%) y reclaman una tajada mayor de la torta de inmediato.
Los perjudicados: 6 municipios figuran con menos habitantes que hace una década y otros 14 crecieron por debajo del promedio. Estos últimos temen ver recortados sus ingresos mensuales.
La torta en juego: Solo el año pasado, la Provincia repartió más de $276.000 millones entre los municipios. Cualquier cambio de un decimal en el índice de coparticipación significa millones de pesos menos (o más) para obras y sueldos locales.
Además de los impuestos nacionales y provinciales, la mesa de trabajo del jueves abordará otro tema «tabú»: el reparto de las regalías hidrocarburíferas. Con el auge de Vaca Muerta y el proyecto Vaca Muerta Oil Sur en Punta Colorada, la discusión sobre cuánto le toca a los municipios productores y cuánto a los «no productores» será otra pulseada técnica y política de alto voltaje.
El encuentro del jueves será apenas el «puntapié inicial» de una discusión que promete durar meses y que pondrá a prueba la capacidad de negociación del Gobierno frente a intendentes que, sin importar el color político, defenderán el bolsillo de sus comunidades hasta las últimas consecuencias.
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