El expediente conocido como “Techo Digno” volvió a aparecer en el centro de la escena. En una audiencia que se extendió por más de 40 minutos, el juez Marcelo Gómez desestimó de manera categórica las impugnaciones formuladas por las defensas de Tortoriello y del exintendente Abel Baratti, quienes buscaban el cierre definitivo del proceso. La estrategia apuntaba a declarar prescripta la acción penal y a cuestionar supuestas nulidades derivadas de cambios en la acusación fiscal.
El magistrado optó por una interpretación que prioriza el análisis de las conductas investigadas por sobre las discusiones técnicas acerca de la calificación legal. Según sostuvo, esas controversias deberán resolverse al momento de la sentencia, luego del debate oral. Con ese criterio, despejó el camino para que la causa continúe su curso hacia el juicio.
El argumento central que mantiene a Tortoriello dentro del proceso es su permanencia en cargos públicos. Mientras Baratti dejó la función pública en 2015, Tortoriello encadenó cargos: intendente, candidato a gobernador y diputado nacional, con reelección en 2025. Para la Justicia rionegrina, esa continuidad constituye un “obstáculo” que suspende los plazos de prescripción, bajo la presunción de capacidad de influencia sobre la investigación. Ese criterio se hace extensivo al resto de los imputados.
La causa se remonta a la operatoria realizada entre 2015 y 2016 para la construcción de 404 viviendas en Cipolletti. De acuerdo con pericias del IPPV, se detectaron facturaciones y pagos por certificaciones de obra que superaban lo efectivamente construido, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado. Además de los exintendentes, el proceso involucra a los empresarios Domingo Mocciola, Arturo Mendiberry y José Daniel Zoppi.
Tras el revés judicial, la defensa de Tortoriello, encabezada por Sebastián Perazzolli, dejó planteada la reserva de un recurso extraordinario federal con la intención de llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo es revertir el criterio adoptado y evitar que el diputado se siente en el banquillo de los acusados.
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