La cadena frutícola del Alto Valle enfrenta una nueva e inesperada barrera, esta vez de orden administrativo y financiero. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) interrumpió el pago de los reintegros y devoluciones de IVA a las exportaciones, un recurso vital que las empresas regionales utilizan para costear la operatividad diaria, desde los sueldos hasta los elevados costos eléctricos de las cámaras de frío.
La alarma terminó de encenderse tras la difusión de registros oficiales que muestran un dato contundente: durante febrero, el casillero de «Devoluciones» y «Reintegros» del Estado Nacional apareció en cero. A modo de comparación, en el mismo mes del año pasado, esos pagos representaban unos 50.000 millones de pesos. Para los exportadores locales, esto no es un error sistémico, sino una decisión política de «secar la plaza» de pesos.
El impacto financiero es directo. Las firmas exportadoras planifican su temporada contando con la recuperación de estos impuestos ya abonados durante el proceso productivo. Sin ese flujo, el esquema de financiamiento se desmorona, obligando a las empresas a buscar alternativas de crédito más costosas o a postergar compromisos.
En el sector circula la teoría de que el ministro de Economía, Luis Caputo, está reteniendo estos fondos para evitar que circulen más pesos en el mercado que puedan presionar sobre el dólar. “Están esperando que el campo empiece a liquidar la cosecha gruesa para soltar algo de plata”, comentó con resignación un influyente empresario de la región a medios especializados.
Varios factores explican este escenario de «default comercial» con las economías regionales:
Mientras tanto, en las oficinas contables de las empresas de General Roca y alrededores, las consultas y gestiones ante ARCA no arrojan respuestas. La incertidumbre crece mientras la cosecha avanza y los costos fijos no esperan, dejando al principal motor económico de la región en una situación de extrema vulnerabilidad financiera.
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