El oficialismo activó el reloj desde el primer día. En Diputados quedaron formalmente constituidas dos comisiones centrales para el tratamiento de los proyectos del Ejecutivo: Presupuesto y Hacienda, que seguirá presidida por “Bertie” Benegas Lynch, y Legislación Penal, ahora a cargo de Laura Rodríguez Machado. Ambas tendrán un rol determinante en los próximos días.
La hoja de ruta de La Libertad Avanza es ambiciosa: dictaminar el Presupuesto 2026, el proyecto de Inocencia Fiscal y la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, con la intención de llevarlos al recinto esta misma semana y girarlos rápidamente al Senado. El objetivo es claro: evitar llegar a enero sin una ley de leyes aprobada y sin mostrar resultados políticos antes del cierre del año.
Senado, reforma laboral y negociaciones aceleradas
Del otro lado del Congreso, el Senado también se prepara para un cierre intenso. Apenas ingresen los proyectos desde Diputados, el oficialismo deberá acelerar los tiempos si pretende sancionarlos antes del 30 de diciembre. Caso contrario, el Gobierno se vería obligado a reconducir nuevamente el último presupuesto aprobado durante la gestión de Alberto Fernández.
A este escenario se suma la Reforma Laboral —rebautizada por el Ejecutivo como “modernización”— que impulsa Patricia Bullrich y que, según anticipan fuentes parlamentarias, podría tener un tratamiento exprés en la Cámara alta. Este punto abrió un debate político y constitucional: sectores de la oposición cuestionan que el proyecto haya comenzado su recorrido en el Senado, pese a contener artículos de carácter impositivo.
El planteo se apoya en el artículo 52 de la Constitución Nacional, que reserva a Diputados la iniciativa en materia tributaria. Sin embargo, la práctica parlamentaria distingue entre creación o aumento de impuestos —que sí debe iniciar en la Cámara baja— y reducciones o exenciones, como ocurre en este caso. Esa interpretación ya fue utilizada en otros debates recientes.
Movimientos políticos y señales internas
Mientras se discuten leyes, también avanza la reconfiguración política. Luis Juez se incorporó al interbloque de La Libertad Avanza en el Senado, ampliando el armado libertario. En paralelo, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, una promesa pendiente con las provincias mineras.
En Diputados, los legisladores oficialistas participaron de una reunión técnica con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, centrada en los proyectos de extraordinarias y especialmente en la reforma laboral. El encuentro dejó una postal curiosa: los diputados se llevaron como recuerdo el ya famoso pin de la motosierra.
Un año con números en rojo para el oficialismo
Más allá de la agenda inmediata, el balance legislativo de 2025 deja un dato contundente: fue el año con menor producción de leyes de la última década. El Congreso sancionó apenas 11 leyes, de las cuales siete fueron vetadas por el Poder Ejecutivo. En tres casos, el Parlamento logró insistir y revertir el veto presidencial.
Durante todo el período ordinario no se aprobó ninguna ley impulsada por el Gobierno. La mayoría de las sanciones correspondieron a iniciativas opositoras, entre ellas emergencias, financiamiento universitario, salud pediátrica y jubilaciones.
El dato confirma lo que ya se percibe en los pasillos del Congreso: durante 2025, el Parlamento funcionó como un espacio de resistencia política frente al Ejecutivo, con un uso intensivo de herramientas legislativas para condicionar su agenda.
Con extraordinarias en marcha, diciembre aparece como la última oportunidad del oficialismo para cambiar esa dinámica y cerrar el año con algún triunfo parlamentario. El resultado, como casi todo en este Congreso, sigue abierto.
