La presentación del proyecto de reforma laboral reactivó el clima político en pleno verano y se convirtió en una de las prioridades del Ejecutivo para las sesiones extraordinarias. Aunque el texto definitivo demoró más de lo previsto y se terminó de cerrar días después del Consejo de Mayo, la iniciativa marca el inicio de una fase que el oficialismo considera decisiva.
Puertas adentro, el Gobierno transitó tensiones entre una postura más dura frente a los sindicatos y otra más pragmática, orientada a evitar un conflicto frontal con la CGT. Finalmente, se impuso una salida intermedia: se descartaron cambios en la cuota solidaria —uno de los puntos más resistidos por los gremios—, pero se mantuvieron aspectos sensibles como la exigencia de autorización expresa del trabajador para los descuentos sindicales, límites a la ultraactividad de los convenios y la posibilidad de que acuerdos de menor alcance prevalezcan sobre los generales.
Desde el sindicalismo ya anticiparon movilizaciones y no descartan una estrategia judicial, mientras el Gobierno sostiene que la reforma apunta a reducir la informalidad laboral, especialmente entre los menores de 35 años, y a aliviar la carga que enfrentan las pymes al contratar y despedir personal. La reducción de la litigiosidad aparece como uno de los pocos puntos de coincidencia entre ambas partes.
En el plano legislativo, el oficialismo confía en avanzar en Diputados, pero reconoce que el Senado será el escenario más complejo, donde el peronismo conserva peso propio y los gobernadores tienen fuerte influencia. La intención del Ejecutivo de avanzar con una baja de impuestos que afecta recursos coparticipables volvió a tensar la relación con las provincias.
Privatizaciones en agenda
En paralelo al debate laboral, el Gobierno relanza la agenda de privatizaciones, uno de los pilares del programa económico de Milei tras la aprobación de la Ley Bases. El caso emblema es la licitación de la Hidrovía Paraná–Paraguay, por donde circula cerca del 80% del comercio exterior argentino. Luego del fracaso del primer intento, el Ejecutivo busca cerrar un nuevo llamado a licitación antes de fin de año, con apertura de ofertas prevista para el primer trimestre de 2026.
El proceso cuenta con el acompañamiento técnico de organismos internacionales y el respaldo de cámaras empresarias, en un intento por garantizar transparencia y previsibilidad. La concesión sería por 25 años y apunta a mejorar la logística y reducir costos, permitiendo una mayor capacidad de carga de los buques.
La agenda incluye además el avance sobre las concesiones de las principales represas del Comahue, que concentran alrededor del 15% de la generación eléctrica del país, y la expectativa oficial de concretar también la privatización de AYSA, la empresa estatal de agua y saneamiento.
Con respaldo político renovado pero consciente de que la “luna de miel” no es eterna, el Gobierno pone en marcha una etapa que combina ajuste, reformas y reducción del rol del Estado. El desafío será sostener el ritmo en un Congreso donde los tiempos y los consensos no siempre acompañan la velocidad que pretende el Ejecutivo.
