De concretarse la medida —que comenzaría a analizarse a partir de enero—, el costo total del GNL importado pasaría a reflejarse en las tarifas que pagan los usuarios. Actualmente, esa diferencia es absorbida por el Estado a través de Enarsa, ya que el precio del gas importado suele ser considerablemente superior al del gas producido en el país.
La iniciativa se enmarca en el proceso de reconfiguración y eventual privatización de Enarsa, impulsado tras la sanción de la Ley de Bases. En ese contexto, la Secretaría de Energía avanza en el retiro de atribuciones que la empresa fue concentrando en las últimas dos décadas y que la actual gestión considera que pueden ser asumidas por operadores privados.
En relación con el abastecimiento de GNL, la propuesta oficial contempla que el comercializador adjudicatario sea el encargado de estimar la demanda estacional, definir los volúmenes necesarios y gestionar la adquisición de los cargamentos en el mercado internacional.
Además de la compra del gas, el operador privado deberá hacerse cargo de la logística integral, que incluye la contratación de los buques metaneros y la coordinación de su arribo a la terminal regasificadora de Escobar, desde donde el fluido se incorpora al sistema de transporte de TGN.
Desde el Gobierno aclararon que, aunque se delegue la operatoria, el Estado mantendrá un rol de control y supervisión, mientras que las decisiones vinculadas a cantidades a importar y precios quedarán bajo responsabilidad del sector privado.
