Cinco Saltos / Villa Manzano. La Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos iniciará una investigación penal tras la escalofriante denuncia de una mujer de Villa Manzano que afirma haber perdido un embarazo a causa de los golpes recibidos por parte de su pareja. La presentación se formalizó la semana pasada en la Oficina Tutelar de la Mujer, el Niño y la Familia de la Comisaría 44 de Villa Manzano, la localidad ubicada en el Alto Valle rionegrino. La causa se encuadró en un caso de violencia familiar (Ley 3040), por lo que fue elevada a la Justicia de Paz, donde su titular subrogante, Marta Fuentes, dictó medidas cautelares para resguardar a la mujer.
La Acusación: Agresión y violencia reproductiva
El relato de la víctima causa escalofríos, ya que describió un «patrón de violencia progresiva» que se extendió durante los últimos siete meses, pero que escaló a la agresión física, destaca el documento judicial. La mujer precisó que SC —así identifican al acusado— la golpeó en la panza a pesar de que sabía que estaba embarazada, y que terminó perdiendo el bebé. El ataque, agregó, incluyó insultos y amenazas, expresiones de menosprecio y degradación. El grado de hostilidad del hombre llegó a negar la gravedad de la pérdida del hijo al recordarle que le dijo que «el bebé no era nada, las cosas pasan por algo». Además, como tuvo que requerir atención médica, le ordenó que «mintiera al médico sobre la causa de las lesiones, como un evidente intento de controlar y manipular la situación».
Medidas cautelares y fuero penal
La Jueza de Paz sostuvo que los hechos señalados «incluyen violencia física, violencia psicológica” y “violencia contra la libertad reproductiva” que reflejan “una conducta de utilización de mecanismos de control coercitivo y dominación”. Resaltó que en el relato de la víctima «se puede advertir un riesgo inminente y actual, justificado por la gravedad de las agresiones físicas». En ese marco, Fuentes resolvió en primer lugar la prohibición de ingreso y acercamiento de SC, a una distancia no menor de 500 metros del domicilio de la denunciante y de cualquier otro lugar donde transite. La restricción incluye también cualquier medio de contacto, y le advirtió al hombre que el incumplimiento incurrirá en el delito de desobediencia a una orden judicial.
Además, con carácter de «urgente», se notificó la resolución a la Subcomisaría 61 de Barda del Medio para que realice la «vigilancia de su efectiva observancia». La magistrada también ordenó al acusado concurrir de manera obligatoria a una terapia psicológica. La disposición establecida por la jueza incluye requerir la intervención de la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos y al Juzgado de Familia debido a que las agresiones físicas y las lesiones causadas podrían configurar delitos de instancia pública. Las pautas tendrán una vigencia inicial de 90 días.
