La justicia ordena nuevas medidas de prueba
La cámara federal porteña dictó este jueves un fallo que representa un nuevo revés judicial para el expresidente Alberto Fernández. La Sala I de ese tribunal revocó el sobreseimiento que la jueza federal María Servini había dictado en junio pasado a favor de Fernández en una causa que busca determinar si el gobierno incurrió en un abuso de poder al extender el confinamiento por la pandemia de COVID-19 con fines de «conveniencia política» o para mejorar la imagen presidencial.
Los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens consideraron la decisión de Servini como «prematura» y ordenaron a la magistrada llevar a cabo una serie de medidas de prueba que habían sido solicitadas por el fiscal Carlos Stornelli y que son clave para avanzar con la investigación.
Entre las medidas requeridas por el fiscal y ahora validadas por la Cámara, se incluye la comparación de la duración de las medidas restrictivas adoptadas por Argentina con las de otros países de la región y del mundo. Asimismo, se busca citar a declaración testimonial a economistas y representantes de las principales cámaras empresariales para que detallen los efectos y el impacto económico que las restricciones prolongadas provocaron en sus respectivos rubros.
El origen de la sospecha y la causa paralela
La investigación se inició tras la difusión de declaraciones periodísticas del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, quien habría sugerido que la cuarentena decretada por el gobierno de Fernández «fue más larga de lo que tendría que haber sido» y que esto se habría debido a «motivos de conveniencia política». La imputación contra el expresidente es por violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, buscando esclarecer si se sacrificaron aspectos esenciales de la vida social y económica por fines distintos a los sanitarios.
Esta causa tramita de forma paralela a la conocida como la «fiesta de Olivos», donde se investigó la violación de la cuarentena estricta por parte del expresidente y otros funcionarios en la Quinta de Olivos. En ese caso, Fernández llegó a un acuerdo de reparación económica que fue homologado por el juez de San Isidro, Lino Mirabelli, por el cual se lo condenó a pagar 1,6 millones de pesos por el daño ocasionado.
Con la reciente decisión de la Cámara Federal, la justicia deberá continuar investigando a fondo el proceso de toma de decisiones del gobierno durante la pandemia, especialmente en lo relativo a la extensión de las medidas de aislamiento social.
