En una revelación que sacude el panorama político, la Justicia argentina encontró un contrato millonario que une al diputado nacional José Luis Espert con el empresario Federico «Fred» Machado, quien se encuentra prófugo de la justicia de Estados Unidos por cargos de narcotráfico y lavado de activos. El documento, un acuerdo de «servicios de consultoría» por 1 millón de dólares, fue hallado en el allanamiento de una propiedad vinculada a la investigación de Machado y echa por tierra la versión previa de Espert.
El contrato, que lleva las firmas de ambos, está fechado en 2019 y detalla una estructura de pago muy superior a la que el legislador había admitido públicamente. Mientras que Espert había declarado haber recibido solo 200.000 dólares por asesoramiento, el acuerdo estipula un pago inicial de 100.000 dólares y nueve cuotas consecutivas de 100.000 dólares cada una, sumando un total de un millón. Este hallazgo no solo desafía la honestidad de las declaraciones de Espert, sino que también reaviva el debate sobre los orígenes del financiamiento de su campaña electoral de 2019.
El vínculo entre Espert y Machado se inició en un contexto en el que el empresario buscaba expandir su red de negocios, incluso en el ámbito político. Machado se acercó a Espert en 2019, ofreciéndose como «asesor» de campaña, aunque su aporte real se materializó a través de pagos por consultoría, según el diputado. Sin embargo, la Justicia electoral de ese momento desaprobó los informes de gastos de campaña de Espert debido a que no figuraban los aportes de Machado, una omisión que en su momento fue justificada por el legislador argumentando que los pagos correspondían a su actividad privada y no a la campaña.
El contrato de un millón de dólares ahora descubierto plantea serias dudas sobre la naturaleza de la relación. Si bien Espert insiste en que todo fue en el marco de una consultoría legítima, la magnitud del monto y el perfil delictivo de Machado generan sospechas. La investigación judicial busca determinar si hubo un delito de lavado de dinero o si el acuerdo fue un intento de ocultar un aporte de campaña irregular. La situación se agrava con el hecho de que Machado fue detenido en 2021 en España y luego extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por liderar una red de tráfico de cocaína que transportaba droga a Europa y Centroamérica.
La defensa de Espert, por su parte, sostiene que el contrato es legal y que el diputado no tenía conocimiento de las actividades ilícitas de Machado. Argumentan que el acuerdo fue para servicios profesionales y no para financiar la campaña. Sin embargo, el impacto político de esta noticia es innegable, ya que pone en tela de juicio la transparencia en la financiación política en Argentina y el rol de las figuras públicas en sus vínculos con empresarios de dudosa reputación. La Justicia continúa analizando la documentación y no se descartan nuevas medidas en el marco de la investigación.
