El juicio político contra el camarista laboral Gustavo Guerra Labayén ha desatado una controversia en el Poder Judicial de Río Negro. Tras dos jornadas de debate, se planteó la pregunta de si la Justicia mide a todos los funcionarios con la misma vara, ya que la defensa del juez alega que su situación se debe a intereses particulares de un grupo de abogados y a la falta de apoyo de los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ). La sentencia se conocerá el próximo viernes.
La postura del Procurador General
El Procurador General, Jorge Crespo, pidió la destitución del juez, argumentando que se demostró un claro mal desempeño de sus funciones. Crespo enfatizó que los retrasos en 25 causas, que incluso fueron reconocidos por el propio magistrado, afectaron a sectores vulnerables que esperaban una respuesta. «Detrás de esos legajos hay personas», afirmó.
Crespo señaló que las auditorías del Poder Judicial detectaron expedientes con plazos vencidos en la Cámara Laboral de Viedma desde 2018, y que los atrasos demuestran una «insuficiente actividad, falta de empeño, desgano, indiferencia, insensibilidad y una actitud pasiva». Para Crespo, los jueces deben cumplir con los plazos legales, ya que de lo contrario, «el rol del Poder Judicial no se cumple», y se genera un «descrédito» para la institución.
La defensa del juez: un «chivo expiatorio»
El abogado del magistrado, Fernando Chironi, sostuvo que el proceso llegó a un punto extremo por un «deliberado interés» de un grupo de abogados de desplazar a un magistrado que trabaja con independencia. Si bien reconoció los retrasos, Chironi argumentó que el juez fue seleccionado como un «chivo expiatorio» en un problema que afecta a varias Cámaras Laborales de la provincia.
La defensa destacó que el juez no tiene sanciones en sus 30 años de carrera, que sus sentencias son sólidas y que al momento de ser suspendido ya había resuelto las causas pendientes. Chironi pidió al Consejo de la Magistratura que, si se considera una falta, se aplique una sanción menor a la destitución y que se evalúen los atenuantes. El veredicto del Consejo se dará a conocer el viernes 12 de septiembre a través de la plataforma Zoom.
