La Droguería Suiza Argentina S.A., propiedad de la familia Kovalivker, se encuentra en el centro de una controversia que entrelaza la adjudicación de contratos públicos y una investigación judicial por presunta corrupción. La compañía ha captado la atención mediática no solo por su rol como proveedora principal de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sino también por los 17 contratos que cerró con la provincia de Buenos Aires en el último año de gestión. Estos acuerdos, valorados en más de $34.000 millones, tienen como objetivo la provisión de medicamentos para la red de hospitales provinciales, según registros del Organismo Provincial de Contrataciones.
De manera simultánea, la empresa y sus dueños están siendo investigados por la Justicia federal. La causa, conocida como el «caso de los audios», se inició a partir de grabaciones que sugieren un esquema de posibles sobornos y sobreprecios en la compra de insumos para la Agencia Nacional de Discapacidad. En este contexto, se realizaron allanamientos en las oficinas de la droguería y las residencias de los propietarios. Actualmente, la defensa de la familia Kovalivker ha solicitado la nulidad de la causa, argumentando que las pruebas obtenidas son inválidas. Esta situación judicial genera interrogantes sobre la transparencia de los procesos de contratación en el ámbito público, especialmente cuando las mismas empresas operan en diferentes niveles del Estado.
