En la causa conocida como Vialidad, Cristina Kirchner –detenida bajo arresto domiciliario tras confirmarse su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por la adjudicación irregular de obra pública– solicitó a la Justicia la suspensión de la ejecución de sus bienes. El pedido fue presentado de modo personal y con la firma del abogado Alberto Beraldi, poco antes del incumplimiento del plazo –que vencía hoy a las 9.30 h– para depositar el decomiso de 530 millones de dólares fijado por el Tribunal Oral Federal 2 para reparar el daño causado al Estado.
De este modo, en la práctica no depositará ni un centavo, aunque el resto de los condenados mantiene vigente su obligación de pago. Además, cuestionó “la manera en que se calculó el monto del perjuicio” al Estado y se reservó el derecho de llevar el reclamo hasta la Corte Suprema.
El monto exigido por el tribunal –equivalente a 684.000 millones de pesos o 537 millones de dólares a valor oficial– corresponde a la actualización del decomiso original de diciembre de 2022, ajustado conforme al índice de precios del INDEC. En paralelo, la defensa presentó una pericia alternativa, que reduce drásticamente el monto a 42.494 millones de pesos, utilizando otra metodología financiera.
La Justicia advirtió que, ante la falta de pago del monto fijado, dispone avanzar con la ejecución de bienes embargados, incluyendo remates para garantizar la reparación del Estado. El patrimonio comprendido incluye propiedades, sociedades, vehículos y cajas de seguridad.
Este nuevo recurso se suma a la tensión institucional por la aplicación del decomiso y reflejó que, a la fecha límite establecida, no se registró ingreso de fondos por parte de Kirchner o sus codemandados .
